Rafael Rubio, portavoz de Grepels, la asociación mayoritaria de profesionales mallorquines del sector, recuerda que en 1999 la Unión Europea acordó que el sector de peluquería era susceptible de un IVA reducido por su capacidad para generar ocupación. «Tristemente -señala-, al cabo de los años el Gobierno español, que soporta unos niveles brutales de desempleo, nos castiga con un impuesto al consumo que llevará al paro en todo el país a miles de empleados y a cientos de de propietarios».
El previsible descenso de la demanda ciudadana para servicios de peluquería si aumentan los precios -lo que según los profesionales será un efecto gradual entre el año en curso y los sucesivos-, es percibida por igual por quienes lideran establecimientos convencionales y franquicias, la nueva y hasta ahora pujante fórmula de la oferta de tratamiento capilar.
La teoría del Bosón
«A partir de ahora tenemos que hacer más con menos», explica José, al cargo de una franquicia de Franck Prevost en Palma, para quien la subsistencia de su oferta tiene que ver «con técnicas peculiares de trabajo y un personal con una filosfía muy concreta de actuación», que antes de la subida a más del doble en el impuesto de valor añadido «cumplía las expectativas» y ahora «nos deja a la expectativa de la demanda».
En parecidos términos se expresa Joan Coll, que lidera desde hace muchos años la peluquería Carju, en la Plaza de los Patines. «A nuestra edad -señala- tenemos pocas alternativas profesionales para hacer frente a unas subidas de impuestos tan irracionales, y es que esa decisión del Gobierno seguramente contentará a algunos socios comunitarios pero para nosotros es un golpe en pleno rostro a un sector de actividad que llevaba años intentando sobrevivir».
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