Aguiló elude citar el objetivo de déficit en su comparecencia en el Parlament

A pesar de que el 11 de enero el portavoz del ejecutivo, Rafael Bosch, adelantó que la Comunidad rebasó el año pasado el límite de déficit fijado por el Gobierno central, Aguiló no ha mencionado este asunto en la tribuna de la cámara legislativa, aunque sí ha afirmado que aún no se ha calculado «la cifra exacta» porque no se han procesado los datos del Ib-Salut y las empresas públicas.

El vicepresidente ha comparecido en un pleno extraordinario para responder a una interpelación sobre el incumplimiento del límite de desfase presupuestario planteada por el PSIB, cuyo diputado Marc Pons ha acusado al Govern de incrementar la deuda autonómica en 1.000 millones de euros, maquillar las cuentas y desmantelar los servicios públicos en beneficio de intereses privados.

Aguiló ha atribuido al Govern de la anterior legislatura y a la falta de propuestas de la izquierda en general la grave situación económica que sufre la Comunidad autónoma balear y ha ironizado sobre la «preocupación por el déficit público» que muestran ahora quienes incrementaron la deuda de las administraciones «de forma explosiva».

«La tormenta no escampará hasta cuadrar las cuentas públicas», ha incidido Aguiló, para quien la escalada de aumento del déficit de la pasada legislatura demuestra la falta de proyecto económico de la izquierda, que dejó 1.000 millones de euros en facturas impagadas, ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el incremento de la deuda financiera del archipiélago se debe a que el Govern ha tenido que suscribir nuevos préstamos para pagar a proveedores que, de otra manera, estaban abocados al cierre de sus empresas.

El pago de las deudas por parte del ejecutivo autonómico contribuye a la reducción de los tipos de interés bancarios y, en consecuencia, facilita el flujo de préstamos para financiar proyectos empresariales, ha defendido el vicepresidente, que también ha resaltado los efectos positivos de la bajada de la prima de riesgo. «Tenemos más esperanzas que hace un año y una situación que nos marca el camino de la recuperación económica», ha insistido Aguiló.

En su interpelación, Marc Pons ha asegurado que ningún Govern había elevado tanto como el actual la deuda pública, que alcanza el 20 % del PIB, y ha acusado al Govern de acumular facturas impagadas de 2012 por valor de 800 millones de euros.

«Ni con todos los recortes ni todos los maquillajes llegaremos este año al 1,5» de déficit presupuestario, y ello pese a los recortes en los servicios públicos y a la supresión de ayudas a las empresas, ha afirmado el diputado socialista.

Además, ha recalcado que «el PP quiere aprovechar esta crisis para crear nuevas oportunidades» para «los grandes intereses económicos», que se aprovecharán del desmantelamiento de servicios públicos ofreciendo alternativas «para quien lo pueda pagar».

En su réplica tras la primera intervención de Aguiló, Pons ha demandado al vicepresidente que arrojará «un mínimo de luz» sobre el nivel de incumplimiento del déficit admitido por el Govern, pero el vicepresidente se ha mantenido en la contrarréplica al margen del asunto por el que se había solicitado su comparecencia parlamentaria.

Transporte

Asímismo, el Parlament ha aprobado este martes las medidas urgentes sobre el régimen sancionador del transporte de viajeros con 31 votos a favor del grupo parlamentario 'popular' y 23 abstenciones de las formaciones de la oposición, PSIB-PSOE y PSM-IniciativaVerds-Entesa y Més per Menorca.

En la sesión plenaria de carácter extraordinario de la Cámara balear, se ha aprobado la modificación del Decreto Ley 6/20121, de 8 de junio, sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Por parte de la oposición, se ha intentado que la citada normativa se tramitara como Proyecto de Ley, pero esta iniciativa no se ha llevado a cabo por los votos en contra del PP (31).

Cabe destacar que esta normativa pretende combatir la creciente oferta ilegal de taxis no autorizados con la aplicación de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 12.000 euros.