Miquel Nadal, llegando a la Audiencia Provincial el pasado martes. | Teresa Ayuga

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La defensa del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal en el juicio del caso Can Domenge ha pedido para él que se le aplique la atenuante de colaboración en su grado mayor, como la Audiencia Provincial hizo con la narcotraficante Francisca Cortés, conocida como La Paca.

A pesar de que Nadal confesó su participación en la trama corrupta para la venta de los terrenos públicos de Can Domenge a la promotora Sacresa a cambio de un soborno, la Fiscalía Anticorrupción solita para él una condena de cuatro años de prisión y una atenuante menor porque considera su colaboración poco relevante.

El letrado que le defiende, José Zaforteza, ha explicado hoy en su informe en la última sesión del juicio que Nadal ha sido «el único que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos» con su confesión.

Por ello, ha defendido que se le aplique la atenuante de colaboración «muy cualificada» como otra sección de la Audiencia Provincial concedió a La Paca «porque dijo que estaba muy arrepentida», aunque su actuación posterior lo haya desmentido, ha puntualizado.

«Aquí se emplea la confesión para que constituya medio de prueba contra otro acusado», ha sostenido Zaforteza en alusión a la estrategia de la Fiscalía, de la que ha dicho que no cree a su cliente «porque no ha inculpado» a Maria Antònia Munar, la expresidenta del Consell y principal acusada en la causa.

El letrado ha sostenido que su cliente solo dice la verdad sobre la venta de Can Domenge, igual que hizo cuando en el caso Maquillaje sí señaló a Munar como responsable de la trama corrupta en torno a la productora audiovisual Vídeo U.

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Zaforteza también ha planteado en su alegato que no cabe condenar a su cliente por revelación de secretos porque era Sacresa la que pasaba información al Consell de Mallorca para la redacción de las bases del concurso del que resultó beneficiaria.

El defensor de Nadal ha asegurado además que el tribunal no debe imponer el pago de la parte proporcional de los 12 millones que la Fiscalía reclama como responsabilidad civil porque esta es «una obligación única e indivisible derivada de la condena» y, como tal, ha quedado extinguida al abonar Sacresa 3 millones antes del fallo del tribunal.

A la responsabilidad civil se ha referido asimismo en su intervención final el letrado Gaspar Oliver, defensor del exconseller de Economía de Mallorca Miquel Àngel Flaquer, para quien el pago de la parte que le corresponda de los citados 12 millones de euros supondría «la muerte civil» de su cliente.

«La cárcel no es un problema porque mi cliente no irá a prisión (la Fiscalía pide para él un año de reclusión)», pero afrontar una responsabilidad civil que puede alcanzar los 3 millones de euros con los recursos «de su trabajo y de su familia» sería «su muerte civil», ha recalcado.

Oliver ha pedido la absolución para Flaquer porque intervino en el concurso de Can Domenge obligado por el cargo que ocupaba, sin saber que estaba amañado, sin tener conocimiento de que se reclamaba un soborno para el partido (Unió Mallorquina) y cumpliendo con la legalidad vigente.

También ha solicitado la absolución del abogado de Sacresa Santiago Fiol su defensor, Juan Ignacio Herrero, que ha argumentado que su cliente desconocía que la empresa que contrató a su despacho para realizar estudios urbanísticos recibía información privilegiada de la cúpula del Consell de Mallorca a cambio de un soborno.

El letrado Carlos Sánchez-Jara, que defiende al arrepentido Bartomeu Vicens, se ha centrado en cuestionar la valoración del terreno sobre la que se basa una petición de responsabilidad civil que considera excesiva.