La primera planta incineradora comenzó a funcionar en el año 1996. | Teresa Ayuga

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La primera planta incineradora que se construyó en Mallorca cerrará en cinco años. La consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Catalina Soler, anunció ayer el cierre de los dos hornos que hay instalados en la primera planta, inaugurada en el año 1996.

El cierre de la planta se adelanta ocho años ya que su vida útil estaba finalizaba en el año 2025 pero finalmente cerrará en 2017. Es la medida más llamativa de las que incorpora el nuevo plan director de residuos, que ayer presentó la consellera de Medi Ambient, aunque la novedad de más calado político y económico es que las empresas Tirme y MAC Insular dejarán de tener el monopolio en el tratamiento de residuos.

El cambio

Catalina Soler explicó que los productores industriales y comerciales podrán gestionar de forma directa los residuos que generen sin tener que pasar por las plantas de tratamiento de Tirme y de MAC Insular. De hecho, la modificación del plan director obligará a modificar las condiciones del contrato con ambas empresas concesionarias, según recalcó la consellera.

El plan prevé una reducción del 10 por ciento en la producción general de residuos incinerados incluso en la hipótesis de que mejore la situación económica. Ello se debe a que las previsiones de reciclaje aumentan, especialmente por lo que respecta a los restos orgánicos. La previsión es que en 2020 la recogida sea del 55 por ciento de la producción cuando en estos momentos es de poco más del 10 por ciento del total. Para llegar a este porcentaje será imprescindible que Palma se sume a la puesta en marcha del contenedor marrón.

Tarifas diversas

El plan que ayer presentó la consellera prevé además la implantación de tarifas diferentes en función del tipo de basura que se recoja. Los productores de lodos pagarán 78 euros por tonelada tratada y los residuos animales pagarán 39 euros por tonelada. Los residuos orgánicos, que ahora mismo no se cobran, pasarán a costar unos 60 euros por tonelada.

Todas estas modificaciones permitirán congelar la tasa de residuos, al menos hasta el año 2017, si bien a partir de entonces pueden sufrir un ligero incremento, según la consellera.

La aprobación definitiva del plan puede dilatarse aproximadamente un año ya que la tramitación es muy complicada. A pesar de que no se prevé la construcción de nuevas instalaciones, es preciso hacer estudios de impacto ambiental y someter todo el documento a exposición pública.