Foto de familia con la incorporación de Jaime Martínez, antes del Consell de Govern que se ha celebrado esta mañana. | CAIB

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La portavoz del Ejecutivo y consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera, aseguró ayer que las voces críticas con el anteproyecto de ley del abordo de Gallardón que se han suscitado en el PP y en el propio Ejecutivo son «opiniones personales».

Tanto el conseller Martí Sansaloni, como la consellera Sandra Fernández y la directora del Institut Balear de la Dona (IBD), Isabel Llinás, se mostraron en desacuerdo con algunos aspectos del texto. Desde el Instituto de Política Familiar y de la organización Derecho a Vivir se reclamó al president balear que desautorizara esas voces y tomara medidas, entre ellas la destitución de Llinás. Riera afirmó que esa posibilidad no se había planteado y que «las opiniones no son un motivo de destitución».

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En cualquier caso, precisó, las valoraciones «personales» no son la posición oficial del Govern, «que no es discrepante» con el anteproyecto.

Núria Riera abogó por consensuar el texto y destacó que esta reforma es un «compromiso electoral» del PP, un partido que -añadió- está «a favor de la protección de la vida».

Preguntada por su opinión personal, aseguró que defendía tanto el derecho de las mujeres como el derecho a la vida del no nacido. Afirmó que la opinión oficial del Govern es la del president Bauzá.