Maria Salom no quiere aprobar en solitario la norma más polémica de la recién aprobada Ley del Suelo, la amnistía al urbanismo ilegal, y antes de tomar una decisión quiere consultarla con los alcaldes del PP. Quiere saber si los populares están de acuerdo con la legalización de unas 20.000 viviendas ilegales construidas durante todos estos años en suelo rústico porque la decisión última está en manos del pleno del Consell.
Es decir, que la aprobación de la ley no implica una legalización automática de las viviendas, sino que el Consell tiene que aprobarlo por mayoría absoluta en el pleno. De hecho, es prácticamente la única potestad que da la ley a los consells y algunos representantes del de Mallorca ya aseguran que se trata de una 'competencia envenenada'
Consulta
Dado que se trata de la decisión más polémica, Salom quiere asegurarse de que la norma no provocará fisuras en su partido. En el PP dan por hecho que los alcaldes apoyarán la propuesta ya que se trata de una medida populista que puede darles votos antes las elecciones municipales.
El Consell de Mallorca ya se ha estado preparando durante todos estos meses ante la aprobación de la ley. Las competencias urbanísticas están en manos de los consells, pero la regulación la ha aprobado el Govern por lo que las instituciones insulares deberán adaptarse a la nueva normativa.
La ley no entrará en vigor hasta dos meses después de su publicación en el BOIB, así que la institución aún tiene tiempo para terminar de aprobar su propia normativa. De momento prepara un reglamento con la intención de que se apruebe cuanto antes y no haya problemas con la aplicación de la ley.
Plan Territorial
La duda está en saber si la Ley del Suelo obligará al Consell a modificar o no el Plan Territorial. La ley modifica cuestiones que afectan a la actual tramitación de los planeamientos urbanísticos, algo que también regula tangencialmente el Plan Territorial. El Govern ha anunciado además que está trabajando para modificar las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), marcadamente restrictivas, y que fueron aprobadas por el Govern de Jaume Matas con Miquel Ramis como conseller.
4 comentarios
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No es tracta sempre de residències secundàries. Hi ha també urbanitzacions "no legals" amb habitages principals de classe mitja o modesta. Un problema complicat:
20.000 demoliciones constituyen un yacimiento de trabajo,que disminuirá el paro y reactivará la economía durante al menos 3 años.Agravio comparativo con la media docena de casetas ilegales que han derribado.
No se puede amnistiar la corrupción urbanística,de la misma forma,que no se puede amnistiar la corrupción de ningún político.No se puede amnistiar a Matas.
Para legalizar lo ilegal,no necesitamos ningún Consell ni a ninguno de sus políticos,que solo saben levantar la mano como inválidos.