La Audiencia defiende su actuación en su decisión sobre el Frente de Anguita

Así lo pone de manifiesto el tribunal de la Sección Segunda en respuesta al recurso de aclaración presentado por Frente Cívico, entidad promovida por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, en el que la asociación recrimina que se le haya privado del derecho de impugnación al haber sido resuelta esta cuestión antes del 12 de junio, fecha para la que había sido fijada la deliberación del asunto.

En este sentido, la Sala defiende que la resolución acerca de cómo deben actuar ambas entidades en la causa se reducía a una cuestión de «criterio interpretativo en aplicación de la jurisprudencia constitucional».

En su resolución, la Audiencia recalca cómo FCSM «parece querer poner en duda la actuación del tribunal en cuanto a la toma de su decisión y la celeridad de la misma, como queriendo presuponer que esta Sala la ha tomado sin deliberación previa, o se ha pretendido dar un tratamiento especial o de favor» a esta cuestión.

Frente a esto, alega asimismo que el hecho de que se fijase el 12 de junio como fecha para la deliberación del recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción para que ambas entidades litiguen juntas en este procedimiento judicial, «no impide que la deliberación se anticipe» en función de las posibilidades de cada ponente y de la complejidad del recurso.

No obstante, para Frente Cívico es «incomprensible que, teniendo pendiente esta Audiencia Provincial casos de extrema urgencia y necesidad de orden penal que llevan meses a la espera de resolución», el tribunal haya resuelto con carácter de urgencia esta cuestión al estimar el recurso de apelación del Ministerio Público.

En un comunicado, Somos Mayoría, cuya personación como acusación popular fue acordada el pasado 30 de enero por el juez José Castro, asevera que el hecho de que la Audiencia Provincial de Baleares «imponga» a Frente Cívico litigar bajo la misma dirección letrada que Manos Limpias supone «una más que probable vulneración de derechos fundamentales».

Una vulneración que, de ser reconocida, provocaría la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción del caso así como durante el posterior juicio, motivo por el que descarta acudir en amparo al Tribunal Constitucional. «Podría ser usada una resolución futura para anular la instrucción y el posterior juicio oral en beneficio de intereses oscuros y espurios, defensores de la impunidad y la desigualdad ante la Ley», aseveran desde la entidad.

Prueba caligráfico

En esta línea, desde la entidad aseveran que, con esta decisión, «se encuentran en peligro diferentes diligencias probatorias» que el FCSM había anunciado que iban a ser solicitadas. Entre ellas, la entidad anunció la solicitud de someter a la Infanta Cristina a una prueba pericial caligráfica para averiguar si las firmas que obran en las Juntas Universales de Aizoon son de su puño y letra o no, a resultas de lo manifestado por ella en su declaración como imputada.

Según Somos Mayoría, estas diligencias son «esenciales» para el proceso, especialmente la prueba caligráfica, por lo que ha solicitado a Manos Limpias que, en el ejercicio de la defensa técnica encomendada por la Audiencia Provincial, sean solicitadas urgentemente en el caso Nóos.

Cabe recordar que el fiscal Pedro Horrach impugnó el auto por el que, el pasado 7 de febrero, el juez José Castro rechazaba que las dos acusaciones actuasen conjuntamente al considerar «irreconciliables» las diferencias entre ambas.

Además, recordaba cómo, nada más solicitar su personación Frente Cívico, «lo primero que hizo» Manos Limpias, «sin que se habilitara trámite alguno para ello, fue oponerse pero no por razones de forma, sino por conceptuar la pretendida personación como una réplica política para sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico».

Sin embargo, en la resolución que este martes dictó la Sección Segunda, la Sala argumenta que tanto Frente Cívico como Manos Limpias, a pesar de sus distintas «sensibilidades», mantienen una posición procesal «coincidente en lo esencial» y dirigida, principalmente, «a lograr la imputación y posiblemente a solicitar la apertura de juicio contra la Infanta Doña Cristina».