Vista general del estadio Lluís Sitjar. | ENRIC BORRAS

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«El estado de degradación es absoluto y se tiene que actuar para proteger los intereses de los vecinos y la ciudad». Así definió el teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, la situación del Lluís Sitjar, y adelantó que Cort estudia su demolición subsidiaria. Los propietarios tendrían que pagarle entre 1 y 2 millones por la demolición.

Valls argumentó que los informes técnicos avalan la posibilidad de su demolición también por cuestiones técnicas, y no sólo económicas. El último informe técnico concluye que «se va agravando de manera importante la estabilidad de la estructura». Los técnicos señalan que «hay riesgo de colapso parcial en diferentes zonas», que la situación ha empeorado y que las medidas cautelares adoptadas «no han sido suficientes para impedir la entrada de terceras personas al estadio». Si ocurre alguna tragedia, los responsables serían los propietarios.

Juzgado

El titular de Urbanisme informó que los servicios jurídicos de Cort le han notificado el empeoramiento del Sitjar al Juzgado, que tiene que resolver la demolición -basada en la ruina económica-, el próximo 31 de julio. «Los meses pasan y el fondo del asunto no se está arreglando, desconozco si por el retraso de los juzgadoso u otra razón», lamentó. En este sentido, aseguró que «desde la Gerència nos planteamos todas las posibilidades de actuación» porque «hay argumentos técnicos que pueden concluir que la ruina es técnica». Cort aún no la ha decretado. En notificar a los copropietarios tardarían seis meses, y luego hay que abrir un periodo de alegaciones.

Valls apeló a la responsabilidad del Real Mallorca y le pidió que retire el contencioso y acometa su demolición. Recordó que estos terrenos no tendrán un fin lucrativo, ya que hay consenso entre todas las fuerzas políticas para incorporarlos a la Falca Verda.

El regidor aseguró que los técnicos de Cort seguirán realizando visitas periódicas para garantizar la seguridad. Si hay riesgo de derrumbe se decretará ruina inminente, que conlleva la demolición del estadio sin tener que esperar el proceso judicial.