Tras ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas para que se pronuncien sobre la petición. Será una vez que hagan sus alegaciones cuando el juez resuelva si sobresee o no la causa para el exministro.
Matas, quien se encuentra en prisión desde el pasado 28 de julio por la primera pieza juzgada del caso Palma Arena, cursó esta petición después de que el magistrado acordara archivar las investigaciones tanto para Calatrava como para Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura en la última legislatura de Matas (2003-2007).
De forma paralela, el magistrado también archivó las investigaciones para el exsecretario general de la Conselleria de Educación y Cultura Sebastián Vanrell y el exgerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Andreu Obrador.
Según Calatrava, Matas fue la persona que solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell que culminase con el levantamiento de un teatro de la Opera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como el arquitecto y su equipo.
El ingeniero valenciano negó en su día que el anterior Govern del PP le favoreciese de forma irregular al adjudicarle, por encargo de Matas, la elaboración del anteproyecto, al tiempo que rechazó tajante haber pagado comisiones por recibir este encargo.
De hecho, su defensa alegó que es «habitual, y así lo permite la Ley de Contratos del Estado», que este tipo de desarrollos urbanísticos se lleven a cabo mediante un procedimiento de adjudicación directa y no por medio de un concurso público, «cuando se quiere contratar a un arquitecto de la singularidad y creatividad de Calatrava».
Por su parte, Fiol ha defendido hasta el momento la legalidad con la que se efectuó el expediente de contratación de Calatrava, cuya tramitación fue llevada a cabo por el Ibisec, dependiente de la Conselleria de Educación, negando por tanto que incurriese en delito alguno en el marco de este procedimiento administrativo.
De hecho, en su primera declaración ante el juez, el 11 de febrero de 2011, el exconseller aseguró que la forma en que se tramitó el expediente estaba «perfectamente prevista» en la Ley y, de hecho, contó con un informe externo favorable, el de dos arquitectos del Ejecutivo balear y el de «la misma abogacía de la Comunidad Autónoma que está personada como acusación particular en este proceso».
Fianza civil de 1,6 millones para Matas
En cuanto a Matas, Castro decretó contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
Sin embargo, la defensa de Matas negó que su patrocinado hubiera cometido delito alguno en la adjudicación del anteproyecto y tachó de «infundios» las acusaciones de la Fiscalía y de la letrada de la Comunidad Autónoma. Además estimaba la petición «no ajustada a hechos ni a derecho», dado que «se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal» contra él.
Castro: «Se da por supuesto que Matas no descendió a pie de obra»
Frente a ello, Castro manifestó en su auto que «se da por supuesto que no descendió a pie de obra, faltaría más, pero existen sobrados indicios de que marcó las directrices» a fin de disponer de los servicios del ingeniero.
Tanto es así que, según el instructor del caso Palma Arena, el exjefe del Ejecutivo autonómico dio instrucciones para que se ultimara la tramitación del expediente de contratación «a costa de lo que fuera, incluida la falta de respeto a la Ley y a la realidad, al sólo objeto de que se resolviera a favor de la persona ya decidida y para que ésta fuera electoralmente utilizada sin importarle que el erario público pagara por ello».
El juez insistía además en que los términos de la contratación de Calatrava ya estaban decididos antes de que se materializase, según se desprende de la declaración vertida por los demás imputados de esta pieza de la causa.
Responsabilidad sobre la contratación
Mientras tanto, el propio Matas, durante la declaración que prestó ante el juez en febrero de 2011 en calidad de imputado, asumió su responsabilidad sobre la elección del arquitecto valenciano para que realizase el anteproyecto si bien defendió la legalidad de su contratación, que se efectuó de forma directa y sin concurso pese a lo elevado de la cantidad que se le abonó.
En su comparecencia, el encausado del caso defendió que su decisión fue «política» y «plenamente legítima», que después fue elevada al Consell de Govern, y justificó la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona «muy cualificada técnica y artísticamente». En este sentido, incidió en varias ocasiones en que la pretensión del Govern balear era contar únicamente con los servicios del prestigioso arquitecto e ingeniero.
Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.
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