Desde la formación han recriminado la «persecución política» de unos ciudadanos que «lo único que hicieron es ejercer sus derechos democráticos de protestar pacíficamente contra las políticas nefastas del presidente José Ramón Bauzá».
En un comunicado, la coalición ha mostrado su rechazo al intento, «por parte de los gobiernos del PP, de criminalizar genéricamente las movilizaciones ciudadanas en defensa de la educación y la sanidad públicas, de los derechos laborales, a favor de la lengua propia del país y en contra de los recortes los gobiernos conservadores».
El portavoz parlamentario de la formación, Biel Barceló, recuerda que durante esta legislatura ha habido otros casos de ciudadanos «perseguidos por protestar y movilizarse contra los malos gobernantes y por defender los derechos civiles y sociales».
Barceló ha hecho referencia así a los juicios contra la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, contra los dos activistas detenidos por las protestas durante la huelga general del 14-N y contra los encausados por entrar en la Conselleria de Educación, a la imputación de activistas y concejales de Manacor y las multas impuestas a ciudadanos de Pollença por participar en las protestas contra Bauzá en estos dos municipios, entre otros.
Desde el partido apuntan a que «la estrategia del PP de criminalización de las protestas también se concreta en la 'ley mordaza' del Gobierno, norma represiva que tiene como único objetivo limitar los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión y asociación».
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el missatge es clar, que ningú protesti contra les injustícies o les polítiques destructives de serveis públics i de llocs de feina, les represàlies judicials empitjoraran la situació que patim.