El Govern, acusación particular en el ‘caso Ibatur, en el que se ha investigado el presunto fraude de fondos públicos en la legislatura 2003-2007, se ha adherido al escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, instruida por los jueces Juan Ignacio Lope Sola y Pedro Barceló.
La única excepción a las penas solicitadas por los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, es que el Govern no acusa a Francisca Jaume, esposa de uno de los querellados, Kamal Dorai. La Fiscalía, en cambio, le pide 2,6 años de cárcel.
El Govern subraya en su escrito que los acusados Raimundo Alabern, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet, los dos primeros directores gerentes del Ibatur, y el tercero, asesor jurídico, «obtuvieron beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían».
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