En concreto, la sentencia confirmada condenaba a la sindicalista al pago de 3.960 euros de multa, un fallo que Vicens, quien reclamaba su libre absolución, recurrió en apelación alegando la vulneración del derecho de presunción de inocencia así como la violación del derecho fundamental de libertad sindical y de huelga protegido en la Constitución.
Para Vicens, en una «primera valoración», esta sentencia «era esperada» porque había recurso de parte de la defensa y de parte de la fiscalía, y «era esperado que la Audiencia no admitiera los dos recursos, en una especie de solución salomónica», algo que según ha reconocido no le «satisface» porque se reconoce «inocente».
A partir de ahora, Katiana Vicens asegura que existe la posibilidad de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo», ya que, según ha destacado Vicens, «la cuestión de fondo de la decisión judicial siguen siendo los derechos sindicales».
Criminalizar el derecho a huelga
«Venimos diciendo que no se puede criminalizar el ejercicio al derecho a huelga y por lo tanto todo lo que hace referencia a este derecho debería salir de la órbita del Código Penal y de la criminalización cuando no hay hechos graves», ha subrayado.
Por último, ha indicado que si alguien fuese a romper un cristal de un autobús cualquier día, «las repercusiones no serían judicialmente tan severas como si fuera un día en que se ha convocado una huelga general».
«Por lo tanto, creo que se puede mantener que estamos ante un ataque al ejercicio del derecho de huelga y defenderemos hasta el último momento que no se puede criminalizar como se está haciendo en este país», ha concluido.
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