En un acto de reconocimiento celebrado este jueves en la Fiscalía de Balears a la labor realizada por 19 agentes de la Policía Judicial y del Grupo de Delincuencia Económica, Carrau ha asegurado que su labor ha supuesto la condena firme de 20 altos cargos de la Administración y la recuperación de más de 50 millones de euros para las arcas públicas, principalmente desde 2007 hasta la actualidad.
«Tenemos una Policía Judicial extraordinaria en Balears», ha dicho Carrau, quien ha destacado su coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y que «se han profesionalizado y han cogido una mecánica en la que ya saben lo que hay que hacer».
El fiscal Anticorrupción ha destacado que los agentes de la Policía Judicial de Balears se anticiparon porque «vieron la trascendencia de sanear el sistema público» cuando la lucha contra la corrupción no era una prioridad y además innovaron porque diseñaron sistemas para comparar los mecanismos de contratación, detectar el fraude y cómo se oculta.
La especialización de estos agentes les ha llevado a descubrir irregularidades administrativas y seguir los flujos financieros procedentes del fraude, según Carrau, quien ha recalcado que lo más importante de la labor de estos policías ha sido «su eficacia brillante» que ha derivado en sentencias firmes.
Ha citado «resultados palpables» en los casos Son Oms, Maquillaje, Can Domenge, Palma Arena (con su «pieza mundialmente conocida del caso Nóos"), las operaciones Trueno, Espada y Relámpago, así como los casos Bitel y Voltor y ha recalcado que hay otros pendientes de juicio.
«Su trabajo no ha sido fácil pero sí meticuloso», ha afirmado Carrau, que también ha destacado la «escasez de medios» con la que investigan y cómo en ocasiones contrasta con la abundancia de aquellos a quienes persiguen.
Sobre la posible reducción de las causas de corrupción en Balears tras unos años en los que se descubrieron numerosos casos, el fiscal ha señalado que la crisis económica ha reducido mucho la contratación pública, que este tipo de asuntos suelen aparecer años después de haberse cometido y que además «se han cambiado normas, leyes y reglamentos para evitar el descontrol que había antes».
Carrau ha recalcado que los mismos agentes que investigan las grandes causas de corrupción también se ocupan de delitos económicos y tecnológicos, así como de pequeñas y medianas estafas y ha alabado cualidades de su trabajo como «la persistencia, la profesionalidad y el silencio».
El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, ha recordado que la Fiscalía Especial Contra la Corrupción se creó en España en 1995 y que varios países del entorno estudian implantarla.
Ha agradecido que el esfuerzo de la policía, en investigaciones «arduas y complejas», haya contribuido a recuperar «mucho dinero que indebidamente había salido del erario público» y ha afirmado que su trabajo demuestra «que no puede haber nadie por encima de la Ley».
El jefe superior de Policía de Balears, Antonio Jarabo, ha calificado la lacra de corrupción como «un auténtico ataque al corazón de la convivencia ordenada y una degeneración de la moral y las costumbres que genera miseria, pérdida de valores e inseguridad en la ciudadanía».
Ha destacado la labor de la Policía Nacional para combatir la corrupción «siempre desde presupuestos de independencia, de la más absoluta neutralidad política y en colaboración con jueces, tribunales y ministerio fiscal».
Por su parte, la delegada del Gobierno en las islas, Teresa Palmer, ha descrito la labor de los agentes como «impagable» y les ha agradecido el esfuerzo para «desenmascarar a quienes toman el camino equivocado» y a quienes engañan y provocan descrédito e indignación en la ciudadanía.
«Gracias a vuestro trabajo es posible llevar ante la Justicia comportamientos que nos repugnan a toda la sociedad y a los que nos dedicamos a la gestión pública con ánimo de servicio», ha afirmado.
Ha recordado que Balears ha sufrido corrupción «de forma reiterada y alarmante en los últimos años» y ha calificado como «indignante» que la clase política la haya protagonizado «con especial virulencia en los últimos años».
«Estamos espantados y hartos de estos comportamientos», ha dicho la delegada del Gobierno en nombre de quienes están «cansados de actuaciones impropias, reprochables y que provocan hastío y vergüenza». «No somos todos iguales», ha recalcado.
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