Pleno del Parlament de les Illes Balears. | Pere Bota

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El Parlament ha aprobado este miércoles instar a la Conselleria de Salud a reabrir los centros de salud por las tardes, a negociar con los trabajadores, y ha pedido al Govern eliminar la tasa de 10 euros por la tarjeta sanitaria.

En concreto, se han aprobado dos proposiciones no de ley sobre ambos temas presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, informa la cámara balear.

Las dos iniciativas han sido aprobados con los votos a favor de estos grupos, el PI y mixto (Ciudadanos y Gent per Formentera), mientras el PP se ha abstenido, excepto en un punto de una de ellas, que ha sido aprobado por unanimidad.

El apartado sobre la reapertura vespertina de los centros de salud en cuestión indica que el Parlament «insta a la Conselleria de Salud a negociar con los representantes de los trabajadores cualquier medida que no afecte sus derechos laborales».

Además, se ha aprobado «instar a la Conselleria de Salud a paralizar el cierre de los centros de salud a las 17.30 horas» y «a restablecer el horario habitual de apertura de los centros de salud desde las 8.00 a las 21.00 horas».

El PP quiso introducir una enmienda a esta iniciativa para incluir «el reconocimiento de la carrera profesional», rechazada por los grupos que registraron la proposición.

En la otra iniciativa se ha aprobado «instar al Govern a suprimir la tasa por la emisión y renovación de la tarjeta sanitaria individual».

El diputado del PSIB-PSOE, Vicenç Thomàs, ha cifrado en 600.000 euros el gasto extra que ha supuesto cerrar los centros de salud por las tardes, debido a la contratación de profesionales por 50.000 horas.

Thomàs ha señalado que la atención primaria resuelve el 90 % de los problemas de salud de la población, por lo que limitar su acceso fue una «mala decisión» del Govern del PP, resalta una nota de prensa el PSIB.

Por su parte, el diputado socialista Xicu Tarrés ha definido la tasa que se cobra por la tarjeta sanitaria de «discriminatoria, injusta e innecesaria» que atenta contra «los principios de universalidad, equidad y de carácter público» del sistema de salud.