La Audiencia Provincial de Balears juzgará a partir de enero el caso Voltor

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción reclama ocho años de prisión para la exdirigente histórica del partido -quien cumple en la cárcel de Palma dos condenas que suman once años y medio de prisión-, mientras que solicita siete y medio para el exvicepresidente insular Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer.

La Sección Segunda ha fijado la vista oral, relativa a la pieza 13 del denominado caso Voltor, entre los días 11 y 15 de enero, 25 y 29 y finalmente el 10 de febrero, a partir de las 9.45 horas.

Junto a los anteriores exdirigentes de la extinta UM se sentarán en el banquillo la exportavoz de la formación regionalista Catalina Julve, el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, la exsecretaria personal de aquél, Antònia Vidal, y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada.

Asimismo, serán juzgados la expresidenta de la Junta Local de UM en Calvià Maria José Rodríguez, el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas, la exadministradora del Cilma Susana Mas, y los también acusados Antonio Segura, Maria Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom.

La acusación pública les atribuye la comisión de delitos de asociación ilícita (achacando a UM el carácter de «organización criminal»), malversación, prevaricación y tráfico de influencias, por los que reclama en total 95 años de prisión.

Y es que, según apunta la Fiscalía, pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, los militantes 'uemitas' no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido, sufragando de este modo la Institución insular «a trabajadores privados de UM».

Es más, los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

El Ministerio Público subraya cómo Munar ocupaba la posición de «líder o jefa-directora» de una estructura jerárquica «perfectamente organizada» para desviar fondos, estableciendo «las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo e impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados».

La jueza instructora, Carmen Abrines, interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal Miguel Angel Subirán después de que el exgerente del Cilma aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.

En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

Munar aseguró o tener «nada que ver» con las contrataciones

Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene «nada que ver» con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

Otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.