Armengol y Barceló durante el pleno del Parlament. | M. À. Cañellas

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El Parlament ha aprobado este martes por la tarde la validación del Decreto ley 1/2016 de medidas urgentes en materia urbanísticas con 24 votos en contra del PP y C's, el PI y 30 votos a favor del PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos.

Según ha hecho hincapié el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, que según ha defendido su formación en distintas ocasiones deja sin efectos «los aspectos más urbanizadores de las leyes del Suelo, Turística y Agraria de la Comunidad autónoma.

Por su parte, el diputado del PP, Biel Company, ha destacado que esta normativa produce «un desbarajuste» como «nunca» se había producido en las «normas territoriales» y «modifica sin consenso» unas leyes «consensuadas totalmente con la sociedad civil».

Además, el también exconseller de Agricultura y Territorio ha censurado que primero se vote este decreto y, justo después, el Decreto Ley 2/2016 de modificación del anterior. «Es algo insólito», ha dicho.

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Desde el Grupo Parlamentario El PI, Josep Melià, ha pedido durante su intervención la tramitación de la normativa como Proyecto de Ley, petición que finalmente no ha sido aceptada. Tras esto, ha censurado duramente que el Govern no les dé esta oportunidad de diálogo y consenso.

La diputada del Grupo Mixto y miembro de C's, Olga Ballester, ha aseverado que esta norma «desincentiva la inversión, se ha hecho a espaldas del sector y lo deja sin normativa durante dos años».

En defensa de esta nueva normativa, también ha intervenido el diputado de Podemos, Aitor Morrás, que ha dicho que hay dos opciones: «O la protección o el cemento, o el largo plazo el cortoplacismo o configurar unas islas donde vivir o su hundimiento por la santa avaricia».

En un sentido similar, se han manifestado también los diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios del Govern, PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca.