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El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, cree que la conducta de algunos agentes y mandos de la Policía Local que están siendo investigados por una presunta trama corrupta de extorsión y coacciones a empresarios de ocio se sitúa «al borde» de la sedición .

En un auto dictado este lunes, el juez Penalva ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de estas actuaciones que empezaron en 2013, algo que considera imprescindible para el éxito de la investigación y para preservarla de la intervención de «terceros no deseados» hasta que termine de recopilar información, dada la gravedad de los delitos, su significación social y las penas previstas para este tipo de hechos.

En este caso por el que hay más de una docena de agentes en prisión preventiva , el juez investiga presuntos delitos de negociaciones prohibidas, coacciones, asociación ilícita, organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, extorsión, amenazas y encubrimiento.

El juez cree que los imputados, algunos cargos de responsabilidad de la Policía y de la política funcionan « como una organización criminal » que ha actuado durante años con absoluta impunidad.

En el auto donde recuerda algunos de los graves hechos investigados, el juez se refiere a los escritos publicados recientemente por Antoni Morey, que fue destituido el 22 de febrero como comisario jefe de la Policía Local de Palma precisamente por esos textos aparecidos en redes sociales.

Penalva cree que indican que Morey sólo se consideraba superior jerárquico de quienes definía como «policías ejemplares», los investigados y encarcelados, a quienes se refirió como víctimas de una actuación organizada y arbitraria de los investigadores.

Según el juez, esos agentes que Morey defendió «solo se sirven a sí mismos y a oscuros e inconfesables intereses de muy variada índole», tal como considera que «ya ha demostrado sobradísimamente esta investigación».

El juez asegura que Morey debe considerar ejemplar la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos y el trato desigual a empresarios, «las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio», así como « la incautación para sí de sustancias estupefacientes ».

En el auto menciona fiestas privadas con sexo, droga y alcohol a cuenta de determinados empresarios, la venta por parte de agentes de policía en el Polígono de Son Bugadelles de objetos incautados a vendedores ambulantes y la «venta coactiva» de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, tapicería y máquinas expendedoras a empresarios.

También señala «la 'colocación' intencionada de sustancias estupefacientes en determinados locales para así justificar su inspección y cierre, las palizas a personas vulnerables, el maltrato a mujeres y la asfixia económica de los empresarios que hacen la competencia a los locales propiedad de agentes de policía, y que son explotados por sí o a través de terceros interpuestos».

Entre la retahíla de cuestiones investigadas menciona también «el sobresueldo de ciertos agentes obtenido por su trabajo como porteros en locales de ocio, las amenazas, las coacciones, los actos de intimidación cometidos contra director de Seguridad, la Regidora de Seguridad, los agentes de policía que colaboran con la investigación, los fiscales y los dos instructores de la causa».

Tras señalar que la investigación ha desvelado detalles «estremedores», el juez afirma que la Policía Local «no merece a semejantes mandos ni a algunos de sus integrantes, cuyas conductas están como mínimo al borde del límite jurídico que traza el tipo penal de la sedición».

El magistrado afirma que en la Policía Local de Palma «hay un buen número de delincuentes, indignos del uniforme que visten», que son incapaces de asumir que su etapa al margen de la ley «ha llegado irremediablemente a su fin».

Para el juez es «insólito» y «descorazonador» que el excomisario Morey aliente a unos presuntos delincuentes.

Penalva recuerda en el auto que ha habido episodios de coacciones y amenazas a agentes de policía que han denunciado las prácticas corruptas, abusos, arbitrariedades y desmanes, y también a testigos.

Menciona también que a una limpiadora del cuartel de San Fernando le han robado este mes unas llaves con las que accedieron a las dependencias de la Patrulla Verde, unidad a la que pertenecen algunos de los investigados y que el juez relaciona con un intento de destruir o manipular pruebas.

El juez prorroga el secreto de sumario ante la «avalancha continua de nuevos datos» que revelan la presunta comisión de «múltiples y a veces complejos delitos», la «nula colaboración» que cabe esperar de los mandos de la Policía Local y porque hay testigos «aterrorizados».

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