Transparència depende de Ruth Mateu (a la derecha), pero el Govern prefiere que el acceso de los ciudadanos a la información esté en manos de Pilar Costa (izquierda), consellera de Presidència. | Joan Torres

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El Govern sigue sin garantizar el libre acceso de los ciudadanos de las Islas a toda la información oficial de las administraciones.

La ley de Transparencia no solo permite a la ciudadanía solicitar cualquier tipo de información pública, sino que además le da garantías de que, si no lo hace, habrá un organismo que reprenda a la administración que se niegue y le obligue a entregar la información solicitada.

Es en este aspecto esencial donde el Govern incumple la ley ya Balears no dispone de un organismo que salvaguarde el derecho de los ciudadanos a obtener información y tampoco ha firmado un convenio con el Gobierno central para que este papel lo haga el Consejo Nacional de Transparencia.

Un ciudadano de las Islas ha presentado ya la primera queja ante el Consejo Nacional de Transparencia para intentar recibir la información que le niega una administración balear. La respuesta de la institución ha sido clara: Balears ni tiene el órgano de reclamaciones ni ha suscrito un convenio para que lo asuma el propio consejo nacional, por lo que recomienda al afectado que presente un recurso ante los tribunales.