Según informa el PI en un comunicado, con la enmienda aprobada también se ha incorporado «un nuevo plan de etapas para que los Ayuntamientos y el Govern avancen en el tratamiento adecuado de las aguas residuales».
Este plan de etapas establece que, durante el primer año, las entidades locales tendrán que redactar y aprobar los proyectos técnicos de la red de alcantarillado, mientras que en los dos siguientes años tendrán que presupuestar, licitar y adjudicar las obras y en los dos últimos tendrán que ejecutarlas.
La enmienda se incorporará a la Ley de Impacto Ambiental, que se debatirá un Pleno, probablemente el 21 de julio, y entraría en vigor tras la publicación de dicha ley en el BOE.
El PI considera que con esta medida «se resuelven posibles discriminaciones entre propietarios» y «se seguirá dinamizando el trabajo de los pequeños empresarios como los carpinteros, fontaneros y herreros» porque «la construcción básicamente se ha recuperado en la ejecución de viviendas unifamiliares».
Además, el partido asegura que si no se aprobara la enmienda «esta leve recuperación se podría ver rota con graves consecuencias para muchas pequeñas empresas» y recuerda que 15 patronales de la construcción ya firmaron un documento en contra de la posible paralización de las licencias.
Por último, el PI destaca que, con esta iniciativa, «se da una solución a las urbanizaciones que todavía no disponen de la red de alcantarillado y que verán cómo se amplía la moratoria a cambio de adaptarse, por etapas, a un tratamiento de aguas residuales».
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