Terraferida ha denunciado vertidos de escombros en Son olivaret. | @Terraferida

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La Consellería de Medio Ambiente mantiene abierto desde septiembre de 2015 un expediente sancionador por vertidos en la finca de Son Olivaret (Palma) por cambio de uso forestal sin autorización, lo que podría representar una infracción grave de la ley de montes, sancionada con hasta 100.000 euros.

La Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad abrió el expediente a raíz de dos actas de los agentes de medio ambiente de la Consellería que detuvieron los vertidos y los movimientos del suelo que se habían producido, señala en una nota de prensa el departamento autonómico.

La entidad conservacionista Terraferida denunció este miércoles ante la Conselleria de Medio Ambiente y el Ajuntament de Palma la destrucción de 7 hectáreas de la zona protegida del Barranc de Xorrigo, conocida como Son Olivaret, «sepultadas por los escombros de la construcción del nuevo centro comercial Fan-Mallorca», un hecho desmentido por la compañía.

Según relata la Conelleria, los agentes medioambientales hicieron una primera inspección el 9 junio de 2015 y levantaron un acta por el vertido de tierras y la apertura de un camino sin autorización en una superficie aproximada de siete hectáreas.

La altura media del vertido sobre el terreno era de entre 1,5 y 2 metros, según la inspección ocular.

El 4 de agosto volvieron a visitar los terrenos, incluidos en un área natural de especial interés (ANEI), en las que, según la ley de espacios naturales de Balears, no se pueden dedicar a usos que no impliquen transformación del destino o la naturaleza ni que lesionen sus valores paisajísticos.

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Entonces, los agentes constataron en otro acta que continuaba la actividad de transporte y vertido de tierras.

La investigación continuó y el 7 de agosto instaron al propietario a paralizar la actividad de movimientos de tierra y excavación y detuvieron los vertidos.

Un mes más tarde se incoó un expediente sancionador a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad por una infracción grave, con sanciones que pueden llegar a 100.000 euros.

Durante el seguimiento que llevaron a cabo del caso los agentes constataron el 6 de octubre de 2015 que la paralización no se había respetado del todo y se habían producido movimientos de tierras.

Además de enviar las actas a la Consellería, los agentes también las dirigieron a las otras administraciones competentes, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, con competencias urbanísticas.

La apertura del expediente sancionador se notificó en las partes implicadas, que ya han presentado alegaciones.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha recordado que «el expediente ya se ha abierto para la parte ambiental» y que «urbanísticamente se pueden emprender otras acciones sobre las cuales la Consellería no tiene competencias».