Imagen de archivo de una estación de servicio de Repsol en Balears. | Laura Pons Bedoya

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La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a Repsol de la reclamación de cinco estaciones de servicio, cuatro de ellas de Mallorca, que operan bajo su marca y que acudieron a los tribunales al considerar que la petrolera les impone cláusulas abusivas.

Un juzgado de lo Mercantil condenó a la multinacional a pagar más de 13 millones de euros a los dueños de las gasolineras y les permitía desvincularse de la marca. El argumento es que los contratros que firmaron, casi todos ellos en los años 90, implicaban que era Repsol quien fijaba los precios y no dejaban libertad a los empresarios que, además, tenían pactos de no competencia durante más de 25 años. El juzgado de lo mercantil entendió que se vulneraban varias directivas de la Unión Europea y dio la razón a los demandantes.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, sin embargo, da la razón a Repsol. La resolución explica que estas gasolineras surgen antes de que se liberara el mercado de los carburantes y que la Unión Europea intervino para garantizar la competencia en un sector en el que unas pocas empresas controlaban la mayoría de puntos de venta. Estos surtidores operan como comisionistas de Repsol. La multinacional es arrendataria o propietaria del área de servicio y cede la gestión al distribuidor al que suministra en exclusiva. En tres de las gasolineras, el socio local es el dueño del suelo y Repsol financió la construcción.

La sentencia de la Audiencia admite que los demandantes sí pueden hacer descuentos en los carburantes, que era uno de los motivos por los que el juzgado condenó, al entender que se les imponían los precios máximos.