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El Govern balear ha celebrado una primera reunión para afrontar y tratar de solucionar la venta ambulante ilegal en las islas, un encuentro al que no ha asistido ningún representante de la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares a pesar de que se había cursado la invitación.

La reunión ha tenido lugar en la sede de la Conselleria de Treball, cuyo titular, Iago Negueruela, ha criticado con severidad la ausencia de la Delegación del Gobierno y ha defendido la necesidad de «coordinación» entre todas las administraciones públicas para tratar de frenar el comercio ilegal y «no rehuir de las responsabilidades».

En el encuentro se ha estudiado el problema desde un punto de vista social, porque los vendedores pertenecen a «mafias» y carecen de derechos laborales; desde un punto policial para «atacar» el problema; y desde la perspectiva de concienciar y poner en marcha campañas para que los turistas sepan que se trata de un actividad ilegal y no deben comprar estos productos.

No se considerado oportuno multar a los propios compradores sino de informales, ha dejado claro tras la reunión Rafael Ballester, presidente de AFEDECO, que ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se reúnan las administraciones públicas y los representantes del comercio para analizar esta problemática que se arrastra desde hace años.

Al encuentro también ha asistido la FELIP (Federació D'Entitats Locals de les Illes Balears), las patronales del comercio, el propio conseller y la directora general de Comercio y Empresa, Pilar Sansó.

«Eliminar el problema al cien por cien es imposible, pero lo que tratamos es de hacerlo lo más pequeño posible», ha señalado Ballester.

Por su parte, la concejala delegada de Seguretat Ciutadana de Palma, Angélica Pastor, se ha mostrado partidaria de «trabajar todos en la misma línea» y de paliar los efectos de la venta ambulante ilegal, de manera especial en los municipios turísticos.

« Es un problema de todos », ha insistido Pastor, que ha subrayado que el control policial corresponde tanto a la Policía Nacional como a los policías locales de los municipios. Pastor ha dejado claro que la Policía Local de Palma actúa.

De todos modos, ha reconocido que al imponerse una sanción administrativa, al ser insolventes los vendedores y al residir de manera no regular, el efecto que se logra no es «importante».

Ante la ausencia de la Delegación del Gobierno, el conseller ha propuesto que el próximo encuentro sea en su sede y ha instado a la delegada, Maria Salom, a que «tome cartas en el asunto» en beneficio de los ciudadanos.

El conseller ha recordado que la Policía Nacional depende del Estado, al igual que Extranjería, la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo en materia laboral irregular, por lo que es «insólita» esta situación.

Negueruela ha defendido la coordinación entre instituciones públicas, el desarrollo de actuaciones sociales y la integración de estos colectivos que se dedican a esta actividad ilegal, así como informar a los turistas sobre la venta ilegal.

Por su parte, Jordi Mora, presidente de PIMEM, ha insistido en que es necesario afrontar este problema, no solo por la competencia «desleal» que supone, sino por la actividad de mafias que explotan laboralmente a personas.

La reunión de hoy es «positiva» pero «falta mucho», ha comentado Mora, para quien es «inconcebible» la ausencia de la Delegación del Gobierno.

Bernat Coll, de PIMECO, ha reconocido la voluntad política del conseller, pero ha lamentado que este conflicto no sea mas que «una patata caliente que se pasa de una administración a otra».

También ha lamentado que no estuviera Delegación del Gobierno y ha mostrado su preocupación porque este problema no es una «prioridad» para el propio consistorio palmesano, mientras que sí que existe una «voluntad» de otros ayuntamientos de lograr una solución.

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