Juli Fuster, presidiendo una de las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad. | Redacción Local

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La decisión del Govern de que el catalán sea un requisito para trabajar en la sanidad pública balear no sólo ha creado polémica entre los partidos políticos, sino que también ha provocado mucho malestar entre los trabajadores del IB-Salut y entre las organizaciones políticas que los representan.

La división sindical sobre el requisito del catalán en la sanidad pública es un hecho, sin embargo, en lo que sí parecen estar de acuerdo todas las organizaciones sindicales es en exigir al IB-Salut que convoque la Mesa Sectorial de Sanidad para informarles de cómo está la situación y de cuáles son las excepciones que se piensan incluir en el decreto.

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El Sindicato Médico Simebal y el Sindicato de Enfermería SATSE ya han dejado claro que se oponen a que el catalán sea un requisito en la sanidad pública y piden que sea un mérito. La secretaria provincial del Sindicato de Técnicos Sanitarios SAE en Balears, Xisca Galmés, denunció este jueves que «no estamos dispuestos a sufrir agravios comparativos, como es el hecho de que a nosotros nos pidan el catalán y se hable de excepciones con los médicos y enfermeros». Desde el SAE también piden que el catalán sea un mérito y no un requisito.
«El catalán tiene que ser un requisito para todos los empleados de la sanidad pública o un mérito, pero no hay que hacer discriminaciones», expuso Guillem Vila, del CSIF.

La secretaria del sector de Salud de UGT, Aurora López, afirmó que: «Entendemos que exigir o no el catalán es una cuestión política» y añadió que «lo que pedimos es que tomen decisiones que vayan más allá de una legislatura. El personal de la sanidad pública está muy cansado de toda esta polémica», apostilló López. «Lo que no se puede hacer es pedir el catalán a unas categoría y a otras no, por eso pedimos que se convoque la Mesa Sectorial de Sanidad y nos informen», añadió López. «O tiene que ser un mérito o un requisito para todos», dijo también Joan Pons de CCOO. «Los trabajadores que se piensan presentar a la futura oferta pública de empleo de 1.294 plazas están preocupados por saber si se les exigirá o no el catalán, hay que aclararlo cuanto antes mejor», argumentó Pons. «Lo único que ha hecho toda ésta polémica es enfrentar a los trabajadores», afirmó Galmés de SAE.