Alberto Jarabo y el conseller Marc Pons durante el pleno. | M. À. Cañellas

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Podemos y MÉS cumplieron su advertencia del día anterior y votaron en contra de dos disposiciones transitorias de una ley, la de Urbanismo, que ambos partidos dijeron avalar en líneas generales.

La actuación del partido morado y de los dos grupos de MÉS (el de Mallorca y Menorca) eclipsó y quitó relieve a una norma que anula el grueso de las medidas liberalizadoras de la época del PP y que endurece la disciplina urbanística. Sin embargo, el hecho de que la norma incluya dos disposiciones transitorias que facultan a otros tantos municipios (el de Ibiza y el de Sant Josep) a avalar proyectos que ya tienen un 90 % consolidado, enrareció el debate, visibilizó que el Ejecutivo no estaba unido y dio a Abel Matutes (exdirigente del PP y principal empresario de las Pitïuses) un gran protagonismo en el debate. Matutes aparece vinculado a la propiedad de ambas urbanizaciones.

Esta parte de la ley salió adelante gracias los votos de socialistas y populares, mientras que Podemos y MÉS, votaron en contra. Ciudadanos y el PI se abstuvieron. Los diputados Alberto Jarabo (Podemos) y David Abril (MÉS) dijeron que al incorporarse estas excepciones se entraba en el «urbanismo a la carta». Según Jarabo, «es una lástima que una ley como ésta quede manchada por intereses partidistas».

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El PP acudió al rescate del PSIB (que en todo momento se negó a modificar este punto) aunque le hizo esperar hasta el final del pleno. La portavoz ‘popular', Margalida Prohens, intentó en un primer momento que le dejaran presentar una enmienda para plantear que esa misma excepcionalidad se pudiera aplicar en otras zonas de Mallorca, como Andratx. A cambio -dijo- daría sus votos al PSIB. Este partido dijo que no tenía inconveniente en poner a votación esa enmienda aunque no le dio garantías de que votaría a favor o se abstendría. Pero Més se negó, incluso, a que el PP pudiera presentarla. Aun así, el PP optó por apoyar al PSIB.

La portavoz ‘popular' dijo luego que le parecía razonable que se pudieran completar urbanizaciones tan desarrolladas y que «ya que nos dejan para todas las Islas, al menos que se pueda en Eivissa». Los socialistas mostraron en público y en privado su malestar por este episodio que, en su opinión, desmerecía todo el trabajo hecho para sacar adelante esta ley. Y es que, según el socialista Damià Borràs, la norma, que sustituirá a la actual Ley del Suelo, conocida por ‘Ley Company', «simplifica la planificación, lucha contra la especulación y ofrece más garantías para la protección del suelo»

Además, y según se resaltó desde la Conselleria de Territori que dirige Marc Pons, se da competencias a los consells y a sus oficinas de disciplina que ahora no tenían e introduce una relevante novedad: que las obligación de demoler edificaciones ilegales no prescribirá.