Bon Sosec, 25 años del cementerio fallido

Su andadura fue corta. El proyecto de un camposanto megalómano y de lujo pronto se vio que no era el negocio que se esperaba y fracasó, pero en el camino provocó un escándalo político que marcó la segunda legislatura del exalcalde Joan Fageda y le ha costado cerca de 6,4 millones de euros más intereses a las arcas del Ajuntament de Palma, que aún se siguen pagando.

Ya en 1992 fue necesario la aportación de dinero público (425 millones de pesetas) a través de la empresa semipública del Govern Sociedad Balear de Capital Riesgo, lo que desató la polémica política, ya que tres de los socios de Bon Sosec SA habían dado en 1988 medio millón de pesetas por persona en la Fundació Illes Balears, creada por Gabriel Cañellas, presidente entonces del Ejecutivo autonómico.

En septiembre de 1995, la empresa Bon Sosec S.A. presentó suspensión de pagos de 8.000 millones de pesetas, deudas millonaria con las empresas que habían participado en la construcción de las amplias y modernas instalaciones del cementerio. El negocio resultó ruinoso y salpicó a altos cargos del PP en las Islas, empezando por el que fue el alcalde de Palma entre 1991 y 2003, Joan Fageda, ya que era uno de los accionistas minoritarios de Bon Sosec SA y además era el propietario de Edificaciones y Construcciones Domus; una empresa familiar que participó en esta quiebra como constructora.

Domus acumuló una deuda reconocida con Bon Sosec de 987 millones por obras realizadas. Por estas circunstancias, la operación de salvamento del cementerio privado con dinero público de Cort se vio como una posible práctica corrupta en beneficio de los intereses particulares del alcalde. Sin embargo, no hubo denuncias ni se abrió ninguna investigación.

En 1996, la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra para el tanatorio. Al cabo de un año, en septiembre de 1997, el contrato privado pasó a arrendamiento financiero con intervención de la Banca March, que se había hecho con los activos de Bon Sosec SA. El precio de compra venta del tanatorio se fijó en 1.067 millones de pesetas a pagar en 15 años.

Esto duró hasta el año pasado. En abril de 2017, la EFM ejecutó la opción de compra de las instalaciones que tenía alquiladas desde hacía diez años, es decir, el 60% del tanatorio de Bon Sosec, el aparcamiento y unos 60.000 metros cuadrados de una parte externa que no está destinada a usos de cementerio. Quedaba por pagar 1 millón más gastos y se formalizó un préstamo que la funeraria sigue pagando. El 40% restante del tanatorio es propiedad de Funespaña. También hay un pequeño número de sepulturas que pertenece al ayuntamiento de Marratxí y otra parcela que pertenece a la antigua Bon Sosec SA, se trata de una zona que no está ni construida y en estado de abandono.

El actual gerente de la EFM, Jordi Vilà, reconoce que «no fue un buen negocio para Palma», pero también admite que «llegados a este punto era la salida más racional que había, con lo que se había pagado ya no valía la pena hacer otra cosa». El proyecto original, afirma, «era desproporcionado e insostenible».

La EFM negocia con Funespaña la permuta de sus propiedades

La Empresa Funeraria Municipal está actualmente negociando con Funespaña S.A., propietaria del 40% del tanatorio y de una parte importante del cementerio, una permuta de las propiedades. «Nosotros les cederíamos algunos de los terrenos que tenemos y ellos nos cederían su parte del tanatorio», explica el gerente de la EFM, Jordi Vilà.
Vilà reconoce que «el problema es mutuo. Al tener atomizada la distribución de la propiedad no podemos gestionarla bien, por lo que lo pertinente es permutar su parte del tanatorio por nuestra parte de los terrenos». Ahora mismo, las negociaciones están en fase de valoración de activos, informa el gerente.

Si la negociación prospera y puesto que el tanatorio es demasiado grande, el gerente adelanta que una parte del mismo quedaría en desuso, a la espera de nuevos proyectos, y la otra se debería actualizar, «pues hay partes que precisan una reforma». El mantenimiento, añade, «también está mal distribuido y la EFM soporta más gasto de mantenimiento que nadie».