La asociación de empresarios de explotaciones agraria de Menorca (Agrame), la Asociación agrícola y ganadera de Menorca (Fagme) y Asaja-Baleares han solicitado la «inmediata retirada» de la Ley Agraria al considerar que está redactada «sin consenso» y pensada de un punto de vista «ecologista y urbanista y no agrarista».
Según han expuesto en un manifiesto, en 2014 se aprobó en el Parlament una Ley Agraria que contaba «con el consenso unánime» del sector agrario y de otros sectores como el turístico o el del comercio. No obstante, en enero de 2016, el nuevo Govern «dejó sin efecto gran parte de dicha ley».
En julio de 2018, el Govern ha propuesto un nuevo texto que, una vez analizado, los firmantes del manifiesto han expuesto su «más profundo desacuerdo con gran parte del texto, que lesiona gravemente y sin motivo los derechos de los agricultores que habían adquirido con la Ley Agraria 12/2014».
En un comunicado han resaltado que con esta propuesta, «los agricultores, ganaderos y silvicultores de Baleares van a tener incomprensiblemente menos derechos que el resto de los agricultores de la Unión Europea a la hora de realizar actividades agrarias y/o complementarias».
Igualmente, han recordado que el sector agrario ha sido declarado «estratégico» a lo largo de los últimos años, «lo que no se corresponde con el tratamiento recibido, a la vista de las innumerables trabas que se le ponen desde hace años para su desarrollo».
Además, han sostenido que la actividad agraria «genera indispensables e insustituibles bienes públicos al conjunto de la sociedad balear, en forma de producción de alimentos sanos y de calidad y prestación de servicios ambientales y sociales».
Por otra parte, han manifestado que el nuevo texto «genera una importante merma de derechos y oportunidades a los titulares de explotaciones agrarias», entre los que han destacado la limitación de la realización de actividades complementarias y la obligación de solicitar la declaración de interés general para la realización de numerosas actividades agrarias.
Asimismo, en línea con el Plan Hidrológico actualmente en tramitación, las asociaciones han asegurado que «no determina la prioridad del agua para el uso agrario, frente a otros usos, y en concreto en la denominada 'agrojardinería'.
Por último, han lamentado que la Ley Agraria apueste «por una agricultura no profesional, de subsistencia y folklore, más propia del siglo XIX que del XXI, que desincentiva el relevo generacional al no posibilitar hacer rentable económicamente ni atractiva socialmente la actividad agraria, condenándola a la extinción, y que limita los derechos legítimos de los agricultores, ganaderos y silvicultores».
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