Una mujer, sentada en las escaleras, pidiendo ayuda para sobrevivir. | ARCHIVO

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Un 25 % de la población de las Islas, es decir, 276.062 personas, estaban el año pasado en riesgo de pobreza y/o en situación de exclusión social, una subida de cinco puntos en comparación con el año anterior, según un informe hecho público este martes por la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El informe evidencia que «la reactivación del tejido productivo de las Islas no ha reducido la pobreza y, además, esta recuperación se está sustentando en un incremento de las desigualdades sociales», explica la entidad.

Por género, las mujeres fueron las más afectadas por la pobreza y la exclusión social ya que unas 147.000 se encontraban en esta situación, un 3 % más que los hombres, según el informe.

EAPN-Illes Balears quiere llamar la atención sobre el hecho de que «las Islas se están convirtiendo en el paraíso de la desigualdad social», donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, y alertan sobre «la ineficiencia de las políticas públicas para proteger a los más vulnerables y para fomentar la redistribución de la riqueza».

La entidad destaca que la población que cobra menos de 1.000 euros, «los inframileuristas», han pasado del 34 % en el año 2016 al 39 % en 2017. Este hecho supone que hay muchos trabajadores «a los que su sueldo no les da para sobrevivir y menos para pagar un alquiler, dado que la mayoría de los salarios han quedado estancados después de años de caída libre, mientras que el precio de la vivienda, sobre todo el del alquiler, se dispara», afirma el informe.

Respecto a las pensiones, hay que destacar que el 33,3 %, es decir, 62.630 pensionistas, reciben una renta inferior al umbral de la pobreza: 609 euros al mes. Esta cifra «da cuenta de la urgente necesidad de aumentar las pensiones mínimas y de mejorar las condiciones salariales», indican desde la entidad.

En 2017, la población de las Islas que vivía en condiciones de privación material severa aumentó, pasando del 3,7 % a un 6,9%. En términos absolutos significa que más de 76.000 ciudadanos no pueden hacer frente a cuatro de los siete conceptos de consumo básico que define la UE, por ejemplo, no pueden pagar gastos imprevistos o no están al día en el pago de la vivienda.