El Parlament solicita la «reforma inmediata» de la Ley de Arrendamientos Urbanos

La iniciativa ha sido presentada por MÉS per Mallorca. Por su lado el PSIB ha presentado 12 enmiendas; Podemos, tres y el grupo mixto, 10, de las cuales se han retirado dos. Las enmiendas han sido aceptadas e incorporadas al texto aprobado, excepto una del grupo mixto (GxF).

En el debate han intervenido, la diputada Joana Aina Campomar, que ha defendido la iniciativa, Xelo Huertas y Montserrat Seijas (ambas del grupo mixto), Aitor Morràs (Podemos) y Damià Borràs (PSIB), que han presentado sus enmiendas. En turno de fijación de posiciones han intervenido Sandra Fernández (PP), Josep Melià (El PI) y Patricia Font (MÉS per Menorca).

Según se recoge en la PNL, la reforma de la LAU debe contemplar la eliminación del desahucio exprés, ampliar la duración ordinaria de los contratos de tres a cinco años y establecer como índice de referencia para la actualización de rentas el Índice de Garantía de Competitividad.

Entre otras demandas, el Parlament insta al Govern a la creación del Observatorio de la vivienda de Baleares y a dotar de ayudas económicas suficientes a los ayuntamientos de Baleares para que puedan hacer un exhaustivo estudio sobre la situación de la vivienda en sus municipios.

Asimismo, el Parlament insta al Ejecutivo autonómico a contratar para 2019 al menos 12 personas más de las previstas para incrementar la plantilla del Ibavi y de la Dirección General de Arquitectura para crear el servicio de vivienda vacía con oficina en todas las islas.

Asimismo, el Parlament pide al Gobierno de España a incrementar las partidas económicas destinadas al Plan de Vivienda para que garantice más fondos a Baleares para políticas activas en materia de vivienda.
También insta al Ejecutivo central a que la distribución de los fondos del Plan de Vivienda se haga teniendo en cuenta criterios tales como la situación del mercado inmobiliario de los diferentes territorios y no únicamente a partir del criterio poblacional.
Además, también quieren que el Gobierno articule los mecanismos legales y administrativos necesarios para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine sus activos en materia de viviendas construidas el alquiler y que ceda al menos el 20% de los bienes de que dispone a las comunidades autónomas.
La propuesta también recoge que se cree un mecanismo para ceder suelo público en desuso, que se impulse el compromiso de hacer 20.000 viviendas de protección oficial, que los ayuntamientos puedan aplicar recargos a los inmuebles desocupados, o la creación de un fondo público de viviendas destinadas al alquiler a precios sociales, entre otras medidas.