La Fundación Aproscom, de Manacor, lleva décadas trabajando para mejorar el día a día de las personas con discapacidad, ayudándoles a aprender un oficio. | G. VICENS

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La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació busca fórmulas para hacer frente a un grave problema: la falta de personal retrasa en más de seis meses las valoraciones y revisiones del grado de discapacidad.

Así lo ha reconocido la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, que explica que el problema deriva de la falta de personal: «nos faltan médicos que quieran cubrir las plazas vacantes».

Serveis Socials cuenta con nueve plazas de médicos dotadas y asignadas presupuestariamente, pero sólo cinco están cubiertas, «nos quedan cuatro plazas vacantes, dos en Mallorca, una en Menorca y otra en Evissa», explica Santiago y añade que «en atención a la discapacidad trabajamos con unos modelos de los años 80, que se tienen que actualizar» porque los médicos «prefieren ir a trabajar a otros puestos de trabajo que les pueden resultar más atractivos».

Una usuaria ha denunciado que en mayo de 2018 presentó los papeles para solicitar la revisión de la discapacidad de un familiar; las entrevistas con psicólogo, médico y trabajador social no se realizaron hasta octubre, y, a día de hoy, todavía no ha recibido la notificación del grado de discapacidad.

«En nuestro caso –denuncia– este retraso supone que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) haya dejado de pagar la pensión por familiar a cargo a mi madre, unos 360 euros al mes, por tener un hijo con más del 65 % de discapacidad, desde que en septiembre terminó el período incluido en la anterior valoración. Ahora tenemos que esperar la nueva notificación y volver a solicitar la ayuda, con carácter retroactivo, al INSS».

Santiago reconoce que los retrasos son importantes, «así lo indiqué en comparecencia parlamentaria» y que el problema radica en que «si no hacemos un cambio de modelo en todas las comunidades autónomas para agilizar las valoraciones a la discapacidad no encontraremos una solución adecuada».

La consellera afirma que parte del problema radica en que «los médicos que nosotros podemos contratar para hacer las valoraciones tienen salarios más bajos que en otros organismos, por ejemplo que en el IB-Salut», a lo que hay que añadir el hecho de que su trabajo consista básicamente en valorar informes que han hecho otros profesionales y realizar una breve entrevista a la persona con discapacidad, lo que no resulta un trabajo muy estimulante.

Los cinco médicos que actualmente forman parte de la plantilla del servicio de valoración no sólo realizan su trabajo en Mallorca, sino que también se tienen que desplazar a Eivissa y Menorca, por ello, tal y como indica Santiago, «hay tanto retraso».

La consellera está estudiando la posibilidad de modificar la normativa tanto en el reconocimiento de la discapacidad como en el de la dependencia para poder agilizar los procesos y evitar listas de espera.