Con estos argumentos el fiscal Anticorrupción Juan Carrau informó varias veces a favor de proceder a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional, es decir, a estudiar las llamadas y posicionamientos de los teléfonos móviles de los periodistas.
En particular, el fiscal consideró que las medidas eran «proporcionadas y ponderadas para averiguar la realidad sobre un posible delito grave», una presunta revelación de secretos.
La Policía solicitó en distintas ocasiones que se requiriera a compañías telefónicas para que entregaran los listados de llamadas emitidas y recibidas, geolocalizaciones y otros datos asociados a los teléfonos móviles personales de los periodistas Kiko Mestre, del 'Diario de Mallorca' y Blanca Pou, de Europa Press, así como del teléfono fijo instalado en las oficinas de la agencia.
En cada instancia se pedían datos correspondientes a distintos meses y, en el caso de Pou, en un oficio se llegó a solicitar que se requiriera su listado de llamadas desde enero de 2016.
Además, también solicitaron el registro las llamadas y posicionamientos del móvil de una periodista de EFE y del teléfono de las oficinas de la referida agencia. Este registro abarcaba un año.
Según se desprende de las actuaciones recogidas en el sumario de esta pieza, este rastreo de los teléfonos sirvió como base para diligencias posteriores con el objetivo de determinar las fuentes de informaciones periodísticas.
El pasado 11 de diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial. Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre, en este caso en los Juzgados. Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella por prevaricación contra el juez instructor, Miguel Florit, que fue admitida a trámite.
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