Un momento de la reunión que mantuvieron Fina Santiago y María Luis Carcedo. | CAIB

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La titular de la Conselleria de Serveis Social i Cooperació, Fina Santiago, mantuvo un encuentro con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, durante la presencia de ésta en Palma, circunstancia que aprovechó para reclamar un incremento de las aportaciones del Estado a la financiación de las ayudas a la dependencia en Baleares. En la actualidad, de los 172,1 millones del coste total, el Gobierno central sólo aporta el 13 %, el resto corre a cargo de la propia Comunitat y los beneficiarios.

Cabe indicar que para este ejercicio está previsto un aumento de la aportación estatal, la cual ha quedado condicionada a la aprobación de los Presupuestos.

Santiago ha señalado que «incluso en el caso de que se aprueben estos Presupuestos las comunidades autónomas no llegarían a tener una financiación justa y equilibrada en la materia». La consellera defiende que en el caso de que los Presupuestos no se lleguen a aprobar la aportación se realice mediante la fórmula del decreto ley.

Nuevas medidas

Además de los aspectos relacionados con las ayudas a la dependencia, Fina Santiago planteó a la ministra Carcedo otras cuestiones relacionadas con el área de prestaciones sociales en Baleares.

Así, la consellera solicitó «actualizar» el importe que recibe Balears en concepto de gestión de las pensiones no contributivas, que se ha reducido sin ningún tipo de justificación por parte del Gobierno, así como la ampliación de la gestión de la recaudaciópn del 0,7 por ciento en las declaraciones del IRPF, toda vez que de los 7,8 millones del total el Govern sólo recibe 3,6 millones. La posibilidad de acceder a la totalidad de las aportaciones cuenta con el apoyo de las entidades sociales de Baleares.

Por último, Fina Santiago planteó a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la exclusión del complemento de la pensión no contributiva (la tarjeta básica), las rendas sociales y las rentas mínimas del cómputo de renta e ingresos, de modo que el usuario no pierda el derecho a recibir las prestaciones.