Antoni PolPalma10/03/19 4:01
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Los municipios de Mallorca han rechazado acogerse a una disposición de la Ley de Urbanismo que les brindaba la oportunidad de desclasificar suelo urbano no consolidado –es decir, suelo reconocido como urbano sobre el planeamiento pero que sin embargo no reúne los servicios básicos (alcantarillado, suministro eléctrico, aceras, etcétera)– en un plazo de un año sin tener que hacer frente a indemnizaciones. Solo Valldemossa, que ha iniciado los trámites para desclasificar 3,4 hectáreas de suelo urbano y convertirlas en rústico, y ses Salines, que ha hecho lo mismo con una parcela pequeña que no alcanza los 1.000 metros cuadrados, son la excepción.

La posibilidad de desclasificar suelo sin servicios –suelo urbano no consolidado, llamado también «falsos urbanos»– la recogía una disposición transitoria de la nueva Ley de Urbanismo de las Illes Balears, aprobada en diciembre de 2017. Dice, textualmente: «El ayuntamiento correspondiente conserva la potestad de alterar el suelo urbano, sea para conferir una nueva ordenación de los terrenos manteniendo la condición de suelo urbano sin urbanización consolidada, sea para conferirlos una nueva clasificación como suelo urbanizable o como suelo rústico». El mismo texto establece un plazo de un año –que finalizó en diciembre de 2018– para que los municipios afectados se adapten a la norma e indica que las desclasificaciones efectuadas al amparo de dicha disposición «no dan lugar a indemnizaciones».

Excepciones

Únicamente Valldemossa, que ha desclasificado 33.997 metros cuadrados de un falso urbano conocido como Son Mossènyer, y ses Salines, han hecho uso de la disposición. En el caso de Valldemossa, Son Mossènyer llevaba 23 años como urbanizable, pero sus propietarios no llegaron a desarrollarlo jamás. Se trata de un antiguo huerto que sigue como tal, con árboles frutales y sin servicio urbanístico alguno, según explicó el alcalde de Valldemossa, Nadal Torres. Al amparo de la normativa municipal, esta parcela colindante con la Cartoixa habría podido albergar una treintena de grandes chalets de lujo. Cuando el Ajuntament tramitó la desclasificación, alegó que lo hacía para responder «al interés general de los valldemossins y en la línea de protección del patrimonio, paisaje y medio».

Sin embargo, y pese a la ley explicita que no caben indemnizaciones, una parte de los propietarios han demandado al Ajuntament por la desclasificación, dijo Torres. «Pero estamos tranquilos, estamos asesorados y nuestros abogados nos aseguran que nuestra actuación está amparada por la ley y no cabe indemnización alguna», añadió el alcalde.

Respecto a ses Salines, la desclasificación obedece a la voluntad del propietario de los terrenos, que solicitó al Ajuntament que transformara su parcela urbana en suelo rústico. No obstante, para asegurarse de que la operación no supondrá gasto alguno para las arcas municipales, el mencionado propietario ha firmado un documento en que renuncia expresamente a cualquier tipo de indemnización que pudiera derivarse de la desclasificación.

Unos meses antes de que finalizara el plazo para no hacer frente a posibles compensaciones, el colectivo Terraferida reclamó al Consell que desclasificara por su cuenta los falsos urbanos. Argumentaba que, según un estudio del Govern –es el mapa de Mallorca de la izquierda– hay casi 2.100 hectáreas de suelo residencial vacante en el que podría levantarse 112.620 viviendas nuevas capaces de alojar a unas 400.000 personas, una cifra «excesiva» para los ecologistas. Terraferida considera que las desclasificaciones debe hacerlas el Consell y no los ayuntamientos.

Mercedes Garrido, consellera insular de Territori, responde que parte de estas 2.100 hectáreas ya se desclasificaron con la aprobación de la Ley del Suelo. Asimismo, señaló que los consistorios podrían seguir desclasificando, en algunos casos, sin indemnizar.