El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, la responsable insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, y los concejales de Cort con competencias sobre este caso y el alcalde, Antoni Noguera, durante al reunión con representantes de Afedeco y Pimeco. | Ajuntament de Palma

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Los tribunales decidirán si se acaba construyendo una gran superficie comercial en ses Fontanelles de Palma y cuáles son sus características si el proyecto no es frenado por el «frente común» renovado este lunes por los gobiernos de izquierdas de Govern, Consell y Cort y los pequeños comerciantes.

El Tribunal Supremo nno ha admitido a trámite el recurso del Govern balear y del Ayuntamiento de Palma contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que anuló la denegación de la autorización autonómica para construir un centro comercial en ses Fontanelles.

Ante esta decisión, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, la responsable insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, y los concejales con competencias sobre este caso en el Ayuntamiento de Palma, encabezados por el alcalde, Antoni Noguera, se han reunido con representantes de las asociaciones de comerciantes Afedeco y Pimeco para explicarles que harán los posible para que no se ejecute el proyecto de gran superficie o que, de hacerse, tenga menos de lo 80.000 metros cuadrados proyectados.

Negueruela ha explicado que hay una sentencia de la Audiencia Nacional contradictoria con la del Tribunal Superior ratificada por el Supremo, porque determina que el Govern sí podía denegar la licencia comercial, por lo que se pedirá la ejecución de esa primera resolución para tratar de desenredar el conflicto.

Garrido ha puesto el acento en que, como las licencias municipales que concedió el anterior gobierno local del PP han sido anuladas por el actual ejecutivo municipal, si los promotores las solicitan de nuevo tendrán que atenerse a lo establecido en la nueva Ley de Comercio y en el plan insular de equipamientos comerciales, que espera que se apruebe definitivamente este mes.

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Estas novedades normativas obligarían a los impulsores del proyecto a presentar un plan de movilidad que asegurara que el nuevo centro comercial no va a provocar problemas de tráfico en la autopista de Llucmajor, ya saturada esa zona por la gran afluencia del centro comercial Fan.

No obstante, Garrido ha admitido que los tribunales podrían establecer que se aplicaran las normas previas y ha asumido que, dada la complejidad de la situación que se ha creado, el resultado final puede ser tanto que el proyecto no se ejecute como que se haga con las dimensiones que rechazan los partidos de izquierda que gobiernan las principales instituciones.

El alcalde Noguera ha puesto el énfasis en que, de construirse el centro de ses Fontanelles según lo previsto en «el modelo de ciudad heredado» del PP, entre ese centro y el Fan sumarían 250.000 metros cuadrados de superficie comercial, algo contrario al interés medioambiental, social y económico de la ciudad, a su juicio.

El edil ha incidido en que, en caso de que los promotores insistan en sus planes, tendrán que volver a pedir licencias al Consistorio, y deberán tener «muy en cuenta los problemas de movilidad» y plantear soluciones efectivas para contar con los permisos preceptivos.

Negueruela también ha recalcado el aspecto político del contencioso, en cuanto a que fue el PP el que permitió el desarrollo de unos planes que la izquierda ha tratado de frenar.

También lo ha puesto de relieve el representante de Pimeco, Jaume Ribera, que ha confiado en que los gobiernos que surjan de las próximas elecciones mantengan esta línea, mientras que el dirigente de Afedeco Toni Gayà ha llamado a «cerrar filas».