Las quejas de los abogados del turno de oficio son reiteradas desde hace más de un año. Las protestas se han expresado con movilizaciones. | M. À. Cañellas

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«Hemos decidido poner punto y final». Los abogados de Baleares plantean realizar suspensiones de servicio en el turno de oficio si el Ministerio de Justicia no paga los cuatro meses que adeuda a los letrados y si no se reanudan las negociaciones para mejorar las condiciones de la asistencia jurídica gratuita. En total, los abogados tienen pendientes de recibir el dinero correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, una cantidad que asciende a los 1,6 millones de euros en Baleares.

La primera medida de presión que adopta el Colegio de Abogados es una concentración que tendrá lugar el próximo martes, día 26, ante los juzgados de sa Gerreria en Palma. La protesta está también convocada en los juzgados de Menorca e Eivissa. La siguiente fecha clave es el 29 de marzo. Ese día está prevista una reunión con el Ministerio. Si las conversaciones no se retoman comenzarían las paradas de servicio. La responsable de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados, Carmen López, explica que esos paros no afectarán en ningún caso a la asistencia a detenidos o a presos ni a víctimas de violencia sobre la mujer, sí al resto de diligencias en las que intervienen los 700 abogados que trabajan en el turno en Baleares: juicios, declaraciones de instrucción. Los paros se podrían extender también de forma puntual a las guardias.

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López explica que «el impago es un añadido, protestamos por la falta de atención a las necesidades de la justicia en general y de la abogacía en particular».

Los letrados denuncian que los impagos no son nuevos. Ya se produjo una situación similar el pasado otoño. Según López, en ese momento el Ministerio se comprometió a que no volviera a suceder. La situación afecta por igual a todo el denominado ‘territorio común', es decir, las comunidades autónomas que no tienen las competencias transferidas. Otro de los miembros de la comisión del Colegio, Javier Fernández de Paz, recuerda que las autonomías con competencias propias tienen establecidas tarifas mucho más elevadas. Por la misma asistencia un letrado de Madrid o el País Vasco puede cobrar hasta el doble que uno de Baleares.

Carmen López coincide con esa situación: «Es un marco retributivo muy escaso, absolutamente insuficiente, en ningún caso está justificada esta situación de impago reiterada, así que hemos decidido poner un punto y final». La reclamación de que se equipara lo que cobran los abogados en los distintos territorios ha sido una constante en los últimos meses.