El pasado febrero, el parque nacional multiplicó por diez su extensión. | CATI CLADERA

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Polémica intromisión de competencias del Gobierno central con el de Baleares. Tras la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales pretende ahora gestionar el nuevo espacio al entender que no hay «continuidad ecológica demostrada» entre la zona protegida terrestre y la marina, un hecho que no se contemplaba antes de dicha ampliación.

Ante esta injerencia, el Govern balear presentará al Consejo de Ministros un requerimiento previo a la interposición de un contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de febrero de 2019, donde se aprobaba la ampliación del Parque Nacional de Cabrera. En el punto tercero de la resolución, Madrid deja claro que el Organismo Autónomo «ejercerá dicha gestión (del parque) sin perjuicio de las competencias que la normativa general o sectorial atribuya a otros órganos de la administración».

Fuentes del Govern balear aseguran que la intención del control del parque por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales sería una intromisión de unas competencias que Baleares tiene desde el año 2009 cuando se transfirieron en el Real Decreto 1043/2009 de 29 de junio. Es más, la ampliación aprobada el pasado febrero no modifica en ningún caso la continuidad ecológica del parque, que sigue siendo en aguas interiores (dependientes del Govern) y exteriores (bajo el control de Estado). Así pues, Baleares quiere mantener la dirección y gestión del parque como ha realizado hasta ahora, si bien no descarta que pueda haber cooperación mutua con el Ministerio, además del control por parte del Patronato formado por administración, organizaciones y científicos.