La capital balear acogerá este acto festivo el 28 de junio.
Los actos de este año conmemoran también que hace cincuenta años los disturbios en el bar Stonewall Inn de Nueva York supusieron el origen de las movilizaciones LGTBIQ+, con la sucesión de unas marchas espontáneas en protesta por una redada policial en el citado local neoyorquino el 28 de junio de 1969.
La primera de las manifestaciones que recorrerá las calles españolas tendrá lugar este viernes en la localidad madrileña de Fuenlabrada, mientras que el 15 de junio tendrá lugar en Salamanca; el 22 de junio en Castelló, Murcia, Jerez de la Frontera (Cádiz), Alcalá de Henares (Madrid) y Melilla y el 28 de junio en A Coruña, Donosti, Zaragoza, Mérida, Málaga, Valladolid y Palma.
Además, el 29 de junio las manifestaciones se sucederán en Vigo, Gijón, Santander, Logroño, Barcelona, Segovia, Cáceres, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Valencia, Sevilla, Cartagena (Murcia), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias; el 6 de julio en Madrid y el 20 de julio en Alicante.
Las marchas se producen en medio de la reivindicación de una Ley Estatal LGTBI para «garantizar los derechos del colectivo en todo el territorio», después de que España haya dejado de estar entre los diez países de Europa más respetuosos con estas personas, según el informe ILGA Europa (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales).
De esta forma, la sociedad española se sitúa en el puesto décimo primero y desciende nueve puestos desde 2011, cuando España logró posicionarse como la segunda nación europea más respetuosa con este colectivo.
En este sentido, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) ha denunciado que Cantabria, el Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla La-Mancha y La Rioja son las regiones donde más desprotegido están estas personas ya que «no disponen de legislación autonómica que garanticen sus derechos».
Antes de las elecciones estas autonomías estaban tramitando este tipo de normativas, que según la Federación, se han visto «injustificadamente prolongadas» por parte de los partidos que quieren frenar el avance de los derechos humanos.
