TW
11

Una mujer de 90 años acudirá este miércoles a declarar a un juzgado de Vía Alemania de Palma por el asesinato de sus padres, víctimas del franquismo, cometido en 1936 en Manacor.

La organización internacional de DDHH Womens Link y la Asociación Memoria de Mallorca la acompañarán a los juzgados, junto a una sobrina (nieta de los asesinados), donde están citadas en un auxilio judicial internacional.

Son miembros de una familia que «lucha desde hace muchos años por un derecho fundamental como víctima que es el acceso a la justicia», ha detallado Memoria de Mallorca en un comunicado.

Se cree que Antoni Alomar y Magdalena Jaume fueron asesinados en Manacor, en agosto de 1936, cuando ella estaba embarazada de 7 meses.

En colaboración con Memoria de Mallorca, las ONG Trial International y Women´s Link Worldwide presentaron una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en nombre de la hija y la nieta del matrimonio de desaparecidos.
A pesar de que la suerte y el paradero de Margalida y Antonio no han sido determinados por ninguna fuente oficial, los testimonios orales indican que fueron detenidos ilegalmente y luego desaparecidos por partidarios de Franco. Asimismo, los testimonios indican que Margalida, embarazada en el momento de los hechos, fue también agredida sexualmente, según Women's Link.

La abogada de la organización Women´s Link Worldwide, Teresa Fernández, ha explicado que la Ley de Amnistía de 1977 impide la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y «el presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos es también altamente insuficiente».

«Como consecuencia de ello, víctimas como Francisca solo pueden dirigirse a mecanismos supranacionales en su búsqueda por la verdad y justicia», ha añadido.

Al presentar este caso ante el comité, las organizaciones esperan incidir en que las autoridades españolas finalmente esclarezcan los crímenes del pasado.

Alegan que, de acuerdo con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Estado español es parte, las autoridades deben, entre otras obligaciones, buscar a los desaparecidos o, en su caso, localizar, exhumar y entregar sus restos a sus familiares, identificar a los responsables de la desaparición forzosa, juzgarlos y condenarlos, y proporcionar una reparación integral de los daños materiales y morales resultantes de las violaciones.