Fue después de un debate parlamentario sobre cómo abordar este asunto en el que la diputada ‘popular' María Salomé Cabrera pidiera aclaraciones sobre lo que calificó de «ley Frankenstein» sobre los cruceros.
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Silvia Cano, había aludido el día anterior a la aprobación de una ley específica. El conseller Negueruela, que no intervino en el debate, dijo a este diario que esperaba que no hiciera falta; que ya se habían dado «algunos pasos» y que esperaba que «en tres o cuatro meses» se alcanzara un acuerdo. Dijo que la patronal es la primera interesada en llegar a acuerdos y que tanto el Govern como el Ajuntament de Palma están de acuerdo en que hay que tomar medidas.
El pleno del Parlament, con el voto en contra de los partidos de la mayoría de izquierdas, rechazó el plan que presentó el PP en su moción, y que tuvo el apoyo de Ciudadanos (Cs), Vox y PI. Lo que proponía el PP era «constatar los efectos positivos que, de manera objetiva, representaba el turismo de cruceros», crear una mesa de trabajo específica para abordar esta cuestión, negociar con la Autoridad Portuaria para limitar su impacto ambiental y encargar «a un organismo independiente» un informe donde «se planteen los efectos positivos, o negativos si cabe, del turismo de cruceros».
Més y Podemos coincidieron en referirse a las críticas de la ciudadanía a la presencia de cruceristas y los impactos negativos que generan. Y lo relacionaron con la situación de «emergencia climática». Joan Mas (de Més) dijo que había que tomar medidas para que «Palma no sea la nueva Venecia del Mediterráneo».
Pablo Jiménez (Podemos) relativizó los ingresos que genera el turismo de cruceros y recordó que la mayoría de barcos tienen banderas de ‘paraísos fiscales'. Desde Més per Menorca, Patricia Font, incidió en que «el barco se ha convertido en el destino turístico» y que cuando atracan en los puertos generan más inconveniente que ventajas.
La razón exhibida por el PSIB para oponerse a la moción del PP fue que, casi todo lo que reclaman, ya se ha puesto en marcha. Damià Borràs, el diputado socialista que intervino en el debate, no aludió a la posibilidad de aprobar una ley (que es la última opción del Govern, según Negueruela) y afirmó que compartía la preocupación sobre los efectos negativos de la presencia de cruceros.
2 comentarios
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Que ley , si esto es competencia de fomento , como la del alquiler turístico que la tumbo la justicia , es increíble el afán de la izquierda por regular y meter palos en las ruedas y eso si cobrando vía impuestos......
claro !!! las leyes que hacen en este gobierno suelen ser inconstitucionales...al final se cargaran el turismo...