Víctor MalagónPalma13/11/19 4:01
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La primera denuncia de la Oficina Anticorrupció será investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha remitido a este área especializada el informe de la oficina sobre un posible delito cometido por el alcalde de Petra, Salvador Femenías. Los hechos que relata el escrito enviado al ministerio público constituirían, a juicio de Barceló, un delito contra la ordenación del territorio, del que es competente Medio Ambiente y no la Fiscalía Anticorrupción. Así, será este área la que abra unas diligencias informativas y decida si los hechos que constan en el escrito están acompañados de indicios de delito suficientes para llavarlos a un juzgado de Instrucción y pedir la apertura de una investigación penal. Para ello, los fiscales tienen un plazo máximo de seis meses.

La denuncia de la Oficina surge después de que Més pusiera en su conocimiento unas obras llevadas a cabo por Femenías en una finca rústica propiedad suya y de su mujer. Se apuntaban una serie de irregularidades y un posible trato de favor en las gestiones que se llevaron a cabo para intentar legalizar la situación de la finca y las ampliaciones que se hicieron en la propiedad.

El afectado, Salvador Femenías (PI), achacó la denuncia de Més a la imputación de la exalcaldesa Caterina Mas por parte de un juzgado de Instrucción de Manacor acusada de haber dejado prescribir una multa a una propiedad de su marido. La causa afloró cuando Mas era candidata para el Consell por parte de Més y consiguió el acta. Esa investigación sigue abierta, si bien hace meses que está sin actividad tras la declaración de varios testigos y está a la espera de una decisión sobre si se archiva o se inician los trámites para juicio.

Este es el primer asunto que la Oficina Anticorrupció ha decidido llevar a la Fiscalía ante la posible existencia de un delito en una administración. El funcionamiento de este organismo ha sembrado ciertas dudas en ámbitos judiciales, entre otras cuestiones porque la propia normativa de la oficina obliga a que el investigado informado y que se le permita plantear alegaciones. Ese trámite dificultaría en el marco de una investigación penal llevar a cabo diligencias secretas.