Mapa en el que se detallan las demoliciones por municipios.

TW
13

De las 97 demoliciones que ordenó en 2018 la Agència de Defensa del Territori (ADT), 88 –un 90 por ciento– fueron ejecutadas por el infractor dentro del plazo voluntario para llevar a cabo el derribo o incluso antes de que la Agència llegara a dictar la orden.

Uno de los motivos que explica que los infractores sean tan diligentes en proceder al derribo es que ello les permite acogerse a «reducciones muy importantes» de la sanción, en palabras del director de la ADT, Tomeu Tugores. Tugores recordó que la normativa prevé un descuento del 90 por ciento del importe de la multa si la demolición se realiza antes de que se dicte la orden y de un 80 por ciento si se hace dentro del plazo voluntario.

El otro 10 por ciento de demoliciones –9 de las 97 de 2018– fueron ejecutadas también por los infractores, pero ya fuera del plazo voluntario. Cuando se ha superado este plazo, la ley establece que la ADT impondrá sanciones periódicas a los infractores y, en caso de que sigan sin restaurar la legalidad, la Agència ejecuta por subsidiariamente el derribo. En 2018, la ADT no tuvo que realizar ninguno.

El director de la ADT se congratuló de que la gran mayoría de infractores ejecuten el derribo antes o dentro del plazo voluntario. «El objetivo de la ADT no es recaudatorio ni sancionador sino preventivo. La intención es que se restituya el paisaje y el territorio a su estado anterior», manifestó Tugores.

La Agència presentó este miércoles la memoria de 2018. El año pasado, la ADT realizó 328 inspecciones, de las cuales 110 fueron de oficio y 218 vinieron motivadas por una denuncia. Tugores destacó el incremento de las denuncias recibidas –en 2017 solo fueron 110–, algo que atribuyó a una «mayor coordinación» con la Guardia Civil y los ayuntamientos.

La memoria anual refleja también que en 2018 se dictaron 91 órdenes de demolición (en 2017 solo fueron 72) y que se impusieron 217 sanciones por valor de 5,25 millones de euros (el año anterior fueron 110 multas por valor de 4,94 millones). Estos datos prueban «la consolidación» de la ADT y su «intencionalidad preventiva», según la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias.

La memoria incluye también un mapa de las demoliciones ejecutadas en 2017 y 2018 por municipios. Tugores señaló que aquellos pueblos en qué más se han ejecutado son los que forman parte de la Agència desde que se creó, como por ejemplo Marratxí, Montuïri o Algaida.

La plantilla de la ADT

La ADT tiene previsto contratar a 12 nuevos trabajadores en 2018, de manera que la plantilla alcanzará los 47 trabajadores. Actualmente, 28 municipios tienen delegada la disciplina urbanística en rústico a la Agència. La consellera Maria Antònia Garcías destacó, por otro lado, que el Consell mejorará el año que viene la aportación económica a la ADT con 450.000 euros más que en 2019 , para que gane «liquidez» y que se trabajará para mejorar su documentación cartográfica.