El Consell de Govern ha autorizado este viernes un gasto de 1,4 millones para la convocatoria de ayudas autonómicas para el alquiler de viviendas correspondiente al año 2018.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, ha explicado en rueda de prensa que, dada la realidad social y económica de los ciudadanos y las dificultades para acceder a la vivienda, el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó en julio pasado la convocatoria de ayudas estatales y autonómicas de 2018 para el alquiler de viviendas.
El artículo 6 de la misma regulaba los requisitos de ingresos mínimos y máximos de los beneficiarios, lo que supuso que alrededor del 15 % de los solicitantes quedaran excluidos de acceder a estas ayudas.
Por este motivo, se ha tramitado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las familias que, dentro del año 2018, tuvieron unos ingresos iguales o inferiores a 0,75 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de los municipios de las Islas Baleares.
Esta nueva convocatoria tiene por finalidad que todas las personas excluidas de la convocatoria de 2018 por la exigencia de una renta mínima puedan acceder a las ayudas sin tener que acreditar este requisito. Asimismo, todas las personas residentes en Baleares que no paguen un alquiler de más de 900 euros se pueden presentar también.
Por otro parte, en la convocatoria de ayudas de 2019 se ha suprimido el requisito de acreditar una renta mínima.
4 comentarios
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Lo único que buscan son votos,
Conviene que el que alquile un piso intente saber si reciben ayudas...por lo que pueda pasar cuando decidan dejar de pagar.
yo ese dinero lo destinaria hacer cursos para la insercion laboral,asi no habria tanto vago suelto por la calle,al que le va bien vivir de la sopaboba.Y lo se,porque ellos ya te lo sueltan,pa que voy a trabajar si me lo pagan todo.Luego hay casos excepcionales de verdadera necesidad que realmente necesitan ayuda,pero a los demas,a trabajar VAGOS.
De la misma forma que se ayuda al alquiler, a fondo perdido, también podrían ayudas a esas fincas desalojadas por peligro de derrumbe, que no saben si las van a poder reparar por su elevado coste para los propietarios.