Podem forma parte del Pacte que gobierna en Baleares y, de momento, no parece que este asunto vaya a tener repercusión. El secretario de análisis político de este partido, Gian di Terlizzi, ha explicado que intentarán convencer a sus socios de gobierno de la necesidad de modificar el observatorio de la vivienda.
La formación morada entiende «un observatorio de la vivienda debe tener representación de las personas afectadas por el problema de acceso a la vivienda». A su modo de ver, habría sido más oportuno «encargárselo a la UIB para que formase un equipo con presencia de los representantes de todos los sectores afectados, que tuviera un enfoque de la vivienda como el derecho constitucional que es, y no como un bien especulativo con visión sólo de mercado y rentabilidad».
Podem ha recordado que «la vivienda es uno de los principales problemas en Baleares», especialmente en Ibiza. «La especial vulnerabilidad de las Islas viene de la urbanización salvaje del territorio del turismo en el tardofranquismo y del boom del alquiler turístico ilegal basado en la comercialización on line. A este problema se añade un déficit histórico de suelo público para edificar VPO», ha argumentado.
Por ello, ha asegurado que «la incorporación por tanto del derecho a la vivienda en el Estatut en su artículo 22 y en la Constitución en el artículo 47, no ha representado nada más que papel mojado».
La formación morada ha insistido en que «ese sigue siendo el reto. En este sentido, queremos poner en valor el trabajo realizado por nuestra formación en la Ley de Vivienda de 2018. Una ley conquistada por la gente, por la gente que ha parado desahucios, la gente que ha negociado hipotecas y la gente que se parte la cara día a día negociando alquileres. Esta ley bebe de la PAH, bebe y se nutre de Stop Desahucios y de la Plataforma de afectados por los alquileres».
En este orden de cosas, ha añadido que «toda la gente humilde que desde el 15M ha ganado en las conciencias colectivas de la sociedad que la vivienda era un derecho y no un brindis al sol. Esto ha hecho que el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución y el artículo 22 del Estatuto cobren vida y comiencen a caminar, cuando llevaban, decenios de letargo».
Podem ha recordado que su intención es que «la vivienda poco a poco deje de ser una mercancía y fomentamos que la vivienda protegida sea siempre pública y de alquiler social. Por ello, reclamamos que se desarrolle el reglamento de la Ley de Vivienda lo antes posible».
El partido de Pablo Iglesias ha asegurado que quiere «garantizar el derecho a la vivienda hoy y para las siguientes generaciones. Por eso no nos parece adecuado que sea la Fundación Impulsa la que tenga que gestionar el Observatorio de la Vivienda».
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