Noguera, en el centro de la imagen, flanqueado por los dos primeros ediles econacionalistas de Mallorca. | Redacción Digital

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Los alcaldes y alcaldesas de MÉS per Mallorca han criticado este miércoles las «trabas» técnicas y legales para poder dar una respuesta «rápida y ágil» a las necesidades actuales derivadas por la crisis social y económica que ha provocado la Covid-19.

Los ediles de la formación ecosoberanista han reclamado «más respeto a la autonomía municipal» así como mejoras y cambios legislativos que permitan encarar la situación con una mayor amplitud de miras.

El coordinador de MÉS, Antoni Noguera, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto a los alcaldes de Deià y Esporles, Lluís Apesteguia y Maria Ramon.

Han lamentad la injerencia que suponen algunas propuestas, como la de instar a los ayuntamientos a rebajar tasas municipales. En este sentido, Apesteguia ha insistido en el hecho de que la solución más efectiva pasa porque el Estado apruebe «medidas que verdaderamente ayuden las empresas y no al bajar determinados gravámenes municipales».

El alcalde de Deià ha recordado que la propuesta de bajarlos cuenta con informes de la Felib y de la Agencia Tributaria que cuestionan su legalidad.

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En este sentido, MÉS, «desde la lealtad institucional» sostiene que cada administración tiene que asumir sus competencias.

La formación ecosoberanista ha recordado al Govern la obligación de asumir su papel ejecutivo así como actuar de interlocutor con el Estado.

«La Ley de bases locales, la Ley de Haciendas Locales y la ley de Contratación Pública son una losa que hay que cambiar, unos impedimentos legales que se añaden a la infrafinanciación histórico o que el REIB no se haya desplegado completamente «y que ahora permitiría disponer de ayudas claras y directas para ayudar a las empresas que tanto lo necesitan».

Con todo, la alcaldesa de Esporles ha defendido que desde el primer momento «los ayuntamientos han hecho frente a la situación sin escatimar ningún recurso, ni humano ni material».

Sin embargo, Ramon ha censurado la falta de claridad por parte del estado y ha instado el ejecutivo español a aclarar el marco legislativo.