a Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha aplazado la celebración del juicio por el caso Carreteras (o caso Peaje) debido a las dificultades de disponer de una sala lo suficientemente grande para albergar al elevado número de partes, abogados y miembros del jurado previstos en la vista.
En un auto, el presidente de este juzgado y de la Audiencia de Palma, Diego Gómez-Reino, ha considerado conveniente demorar el señalamiento y la selección de candidatos del jurado mientras no se provea de un espacio que, por sus dimensiones, permita albergar este juicio respetando las normas sanitarias decretadas por la pandemia de la covid-19.
El juez Gómez-Reino ha trasladado este problema a la Gerencia del Ministerio de Justicia con el fin de buscar una solución y, por ello, ha propuesto concertar un acuerdo con el Govern a fin de lograr la cesión de un espacio que cuente con los medios técnicos necesarios para celebrar este juicio.
También ha sugerido que se lleven a cabo las obras de acondicionamiento en el edificio judicial de Sa Gerreria que posibiliten la reutilización de varias salas de vistas, con el fin de hacer de ellas un solo espacio diáfano que permita albergar juicios con diversas partes implicadas en la causa, como el caso Carreteras.
Gómez-Reino ha defendido que esta segunda opción sería la más viable en cuanto al coste económico, porque esta inversión se incorporaría al edificio judicial y recaería en beneficio de la administración de justicia en las islas.
Además, ha opinado que este aplazamiento en la celebración del juicio no se tendría que demorar más allá del próximo septiembre, plazo que «se estima más que razonable para alcanzar una solución positiva al problema de espacio» para llevar a cabo el juicio.
El llamado caso Carreteras, que lleva años en los tribunales, investiga los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad documental y cohecho en la construcción del desdoblamiento, conservación, mantenimiento y explotación de la carretera Ma-15, que conecta Palma y Manacor y gestiona el Consell de Mallorca.
Presuntamente, se realizaron cobros de comisiones ilegales por 41 millones de euros al Consell de Mallorca por sobrecoste en la construcción de la carretera de Manacor, así como de las obras extras encargadas por particulares y negocios situados al lado de esta vía, y simuladas como parte del proyecto de la entidad insular.
Entre los imputados en esta causa, se encuentran el exconseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca, Antoni Pascual; el ex conseller insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; dos funcionarios del Consell de Mallorca y nueve particulares.
2 comentarios
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¿ Y si hiciéramos un juzgado , no bastante, sino muy grande , para poder juzgar sólo a la corrupción política ? porque de cada día salen y salen nuevos casos y al mismo tiempo poder hacer un juicio sin esperas de conveniencia
El Cruce, ahora entiendo porqué es tan barato, les hicimos un parquing de 15.000 m2 porque era de interés general. Y la ruina de los otros restaurantes de la carretera de Manacor. Y tan panchos....