La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en el Parlamento. | M. À. Cañellas

TW
4

Los 3 menores migrantes no acompañados que acogerá el Govern balear, procedentes de los centros de Ceuta, en función del reparto entre las comunidades autónomas de un grupo de 260, tendrán un coste de 20 euros diarios, ha informado en el pleno del Parlament la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago.

A una pregunta sobre su coste por parte del diputado de Vox Sergio Rodríguez, Santiago ha precisado que estos menores «no son los que han saltado la frontera», son 260 menores que estaban en tutela en Ceuta desde hace tiempo y que no han sido reclamados por sus familias y se distribuirán entre las comunidades autónomas.

De acuerdo con la redistribución entre las comunidades autónomas, a Baleares llegarán 11 menores de los que 6 serán acogidos por el Consell de Mallorca, 2 por el de Menorca y 3, manteniéndose la tutela en Ceuta, estarán en desplazamiento, acogidos por el Govern.

Santiago ha añadido sobre los 3 jóvenes que acogerá el Govern que, dado que tienen más de 17 años, podrán estar en el programa de preemancipación y emancipación, y su coste será de 20 euros día por menor.

Rodríguez ha respondido a Santiago que esos menores «tienen que estar con sus padres que están al otro lado de la frontera» y si no regresan es porque «las ONG se frotan las manos». «Fueron engañados por el sátrapa de Marruecos para saltar la valla», ha dicho Rodríguez, quien ha añadido que «hay padres desesperados al otro lado de la frontera clamando por sus hijos».

Ha cuestionado qué futuro les espera dado que están a punto de cumplir la mayoría de edad: «¿A qué les está condenando? A la marginalidad, a la delincuencia y a estar en la calle, y ese es el problema», ha dicho Rodríguez, que ha acusado al Govern de «jugar con la vida de las personas para hacer política buenista».

«Tienen que devolver a estos niños a su entorno cultural y familiar que es donde tienen que estar, con sus padres», ha insistido el diputado de Vox, que ha tildado la situación de «suicidio colectivo» y «colaboración al secuestro de menores».

Santiago ha defendido que la legislación española impide las devoluciones en caliente de menores: «Vivimos en un país civilizado, cuando un menor cruza la frontera no se devuelve».

Ha detallado que a esos menores se les ha identificado, lo hace la embajada, y se ha comprobado la filiación. Una vez se establece la filiación, si nadie los reclama quedan en tutela.