La ‘possessió’ de Son Pax es propiedad de la Fundació Illes Balears que la alquiló a la Fundación Tocino para la apertura de un museo. | P. Roig

TW
1

Un pozo de agua en la finca de Son Pax ha detonado una guerra penal entre fundaciones. Por un lado la Tocino Pons, que tiene en alquiler una parte del inmueble y mantiene abierto allí un museo de artes decorativas y, por otro, la propietaria del suelo, la Fundació Illes Balears del expresident Gabriel Cañellas. La primera ha mantenido hasta el Tribunal Supremo una querella contra la segunda y su directiva por estafa, coacciones, falsedad y un delito de medio ambiente. Los tribunales, desde el juzgado de Instrucción hasta el Supremo ha inadmitido este escrito y consideran que, nada de lo relatado es delito y derivan a Tocino Pons a otras instancias judiciales.

Los promotores del museo argumentaban que fueron engañados a la hora de firmar el alquiler porque Son Pax no tiene agua potable y se abastece de agua mediante un pozo. Al carecer de ese suministro no pudieron abrir una cafetería que pretendían instalar en el museo como una fórmula para compensar la pérdida de un patrocinador privado.

Sostenían que habían sido engañados y anudaba una larga lista de delitos en la querella, que fue presentada en el año 2020. La magistrada la inadmitió y la Audiencia Provincial hizo lo mismo: «El problema se produjo de forma sobrevenida, cuando la querellante decidió, al cabo de dos años, abrir una cafetería». Así descarta ninguna estafa ni falsedad en documento alguno. También valora la voluntad de la Fundació Illes Balears de renegociar las condiciones del arrendamiento. Incluso se planteaba un delito medioambiental por el pozo. Todos los magistrados coinciden en que no hay el más mínimo indicio de daños a la fauna, la flora o la salud de nadie por el hecho de que el agua no fuera potable y relaciona la querella con problemas económicos.