La ‘possessió’ de Son Pax es propiedad de la Fundació Illes Balears que la alquiló a la Fundación Tocino para la apertura de un museo. | P. Roig
Un pozo de agua en la finca de Son Pax ha detonado una guerra penal entre fundaciones. Por un lado la Tocino Pons, que tiene en alquiler una parte del inmueble y mantiene abierto allí un museo de artes decorativas y, por otro, la propietaria del suelo, la Fundació Illes Balears del expresident Gabriel Cañellas. La primera ha mantenido hasta el Tribunal Supremo una querella contra la segunda y su directiva por estafa, coacciones, falsedad y un delito de medio ambiente. Los tribunales, desde el juzgado de Instrucción hasta el Supremo ha inadmitido este escrito y consideran que, nada de lo relatado es delito y derivan a Tocino Pons a otras instancias judiciales.
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Para algunos, el código penal es un manual de autoayuda.