La operación policial que arrancó el ‘caso Peaje’ se llevó a cabo en 2009. | E. BALLESTERO

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El juicio por la carretera de Manacor será cosa de palmesanos. La magistrada que presidirá el juicio con jurado que tendrá que decidir sobre el supuesto sobrecoste millonario de la vía ha remitido un escrito en el que sugiere a las partes que solo sean ciudadanos empadronados en Palma los que conformen el tribunal popular. La macrocausa del ‘caso Peaje’, un fósil judicial cuya investigación arrancó en 2009, será juzgada el próximo mes de septiembre. La competencia recayó en un jurado y la complejidad del asunto hace que se haya tenido que reserva un mes entero para su celebración: del siete de septiembre al siete de octubre.

Normalmente los once miembros que componen cada jurado (nueve titulares y dos suplentes) se seleccionan de un censo con ciudadanos de toda Balears. Sin embargo, ante la enorme duración de este juicio, que multiplica por cuatro la normal de un juicio con jurado, la presidenta ha pedido opinión a las partes para que solo se llame a vecinos de Palma para la selección. Se trata de evitar desplazamientos y facilitar el trabajo a los miembros del jurado. El juicio del ‘caso Peaje’ acumula un prolongado retraso. Se tuvo que celebrar el año pasado pero no fue posible por falta de un espacio para llevarlo a cabo durante la pandemia.

La causa investiga un posible desvío de unos cuarenta millones de euros en la construcción de la carretera de doble vía a Manacor. Se reclaman condenas que llegan a los siete años de cárcel para los principales investigados, entre ellos el exconseller de Obras Públicas del Consell de Mallorca, Antoni Pascual; el ex conseller insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; dos funcionarios del Consell de Mallorca y nueve particulares. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo se han producido durante años con el escollo de las posturas enfrentadas del Consell Insular y la constructora sobre el coste de la obra.