Preocupa que no todas las escoletas puedan acogerse a la gratuidad.

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El 70 % de las familias que llevan a sus hijos a guarderías y escoletas de 2-3 años tendrán que seguir pagando por ir a clase, según Escola Catòlica. Las patronales de la escuela infantil de 0-3 años de Baleares (Escuela católica, PIME Mallorca y PIME Eivissa) han pedido este martes 30 de agosto la mediación de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) para que el Consell habilite ayudas económicas complementarias a las que ya ha anunciado la Conselleria d'Educació del Govern para las escoletas públicas y las de la red complementaria. «El problema es que solo un 30 % de las aulas podrán acogerse a las ayudas que ha anunciado el Govern de 2.500 euros por niño. El restante 70 % (que son aulas en proceso de homologación y guarderías pendientes de regulación) no podrán cobrarlas», dice la presidenta de Escola Catòlica, Llúcia Salleras.

Las patronales se han reunido con los alcaldes de los municipios de Baleares en la FELIB para plantearles sus dificultades. Escola Catòlica tiene en estos momentos nueve centros en proceso de homologación a los que hay que sumar también sus guarderías pendientes de regulación. «El problema es que los padres eligieron escoleta sin saber que el Govern haría un decreto de gratuidad y ahora hay familias que nos dicen que han apuntado a sus hijos a la lista de espera de escoletas públicas y que se marcharán si obtienen plaza durante el curso», dice Perelló. Temen una fuga masiva de alumnado.

En el mismo sentido se pronuncian las escoletas de PIME Mallorca. En la reunión de la FELIB han criticado que el Govern haya hecho un «anuncio falso» diciendo a los padres que no tendrían que pagar cuando solo plantean una gratuidad de cuatro horas solo para los alumnos de 2 a 3 años. «La gratuidad de las cuatro horas no es suficiente, aún no sabemos qué dirá el convenio y el curso comienza el día 1 de septiembre. Todo el día se educa, no solo de 9 a 13h», dicen.

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PIME Eivissa, fue la primera patronal en negarse ya la semana pasada a firmar el convenio que plantea el Govern. Consideran que la subvención no bastará para cubrir el coste de las escoletas en Ibiza (con alquileres más altos) y denuncian un «trato discriminatorio» y «menosprecio» frente a las escoletas públicas. El Govern ha enviado el convenio de financiación a las patronales mientras se celebraba hoy la reunión urgente con la FELIB. Este martes a mediodía el presidente de la FELIB, Toni Salas, ha confirmado que «los alcaldes todavía no tenemos copia del convenio».

El decreto ley aprobado por el Govern permite que los alcaldes modifiquen sus ordenanzas municipales para que desde el 1 de septiembre los alumnos de 2-3 años puedan dejar de pagar, pero la realidad es que quienes modifiquen hoy sus ordenanzas lo harán asumiendo el riesgo de tener que avanzar el dinero. Algunos alcaldes como el de Lloret, Toni Bennàssar, han avisado durante la reunión de que tendrán problemas de liquidez para pagar las nóminas. «En este momento los alcaldes y alcaldesas tienen dos opciones o modificar las ordenanzas antes de este jueves sin tener firmado el convenio o no aplicar la gratuidad y seguir cobrando las cuotas hasta que se regularice la situación y luego devolver el dinero», dice Salas. Los alcaldes del PP ya han solicitado una reunión urgente de la ejecutiva de la FELIB para abordar en conjunto esta problemática.

«La reunión de hoy se ha hecho porque nos lo pidieron las patronales. La federación siempre tiene las puertas abiertas a las asociaciones y entidades que quieren explicar sus problemáticas. Nos han pedido que mediemos ante el Consell para regular el marco de las guarderías asistenciales para que puedan recibir ayudas de carácter social igual que las escoletas educativas la recibirán de Educació», dice el presidente de l FELIB Toni Salas. Salas advierte del doble problema que preocupa a los alcaldes, por una parte la pérdida de tejido empresarial si finalmente cierran las pequeñas guarderías y por otra la posible avalancha de solicitudes que desbordaría a las escoletas públicas municipales.