Vox, según recordó este lunes Campos, presentó el año pasado varias denuncias en Fiscalía sobre esta menor. El presidente del partido en las Islas aseguró que tuvieron conocimiento del asunto tras varias publicaciones y la existencia de un atestado de la Guardia Civil. Ese documento refleja que, cuando la menor estaba bajo tutela del Imas permaneció cerca de un año desaparecida y fuera de cualquier centro. En ese tiempo, mantenía contactos con personal del IMAS y la joven se quedó embarazada. «La única salida que se le dio fue la de abortar», aseguró Campos y en a esa intervención la adolescente fue acompañada por personal del organismo de tutela.
Según Campos, el Ministerio Público no formuló ninguna denuncia y tampoco les comunicó una decisión sobre un archivo de las diligencias. «Un asunto que se debería investigar de oficio se ha quedado atascado por la actuación de la Fiscalía», denuncia.
Ante esa paralización, Vox presentó una denuncia en el juzgado de guardia e Instrucción 8 abrió unas diligencias previas. La acusación inicial está dirigida por el partido contra la consellera de Afers Socials, Fina Santiago y el que era responsable del IMAS cuando ocurrieron los hechos. La denuncia plantea la existencia de posibles delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir el delito, y por un delito de prostitución de menores. Según Campos, la única acusación presente en el procedimiento y que, por tanto, impulsa la causa penal es el partido político. «Nos parece escandaloso que a los denunciantes nos pidan 20.000 euros», concluye el presidente de la formación. La cuantía es la misma que el Tribunal Superior de Catalunya impuso a la formación para el juicio del Procés.
