Para el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, estos recursos constituyen «un impulso fundamental para trabajar todas las administraciones en la transformación del sistema de cuidados que necesita nuestro país» y demuestran la voluntad del Gobierno de coalición de «poner todos los esfuerzos en construir un futuro más justo y más feminista». La ejecución de estos cerca de 900 millones de euros se realizará desde las comunidades autónomas y entidades locales, y se corresponderá con tres tipos de inversión, entre ellas el Plan de apoyos y cuidados de larga duración, con más equipamientos públicos que pongan las necesidades y los deseos de las personas en el centro, tanto las que reciben cuidados como las que los prestan.
En concreto, las actuaciones en esta materia deben ir destinadas a incluir nuevos equipamientos públicos y a remodelar los ya existentes, así como a invertir en equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada y otras tecnologías similares. También que contribuya a modernizar los servicios sociales, que son la puerta al sistema de protección para muchas personas. Los proyectos destinados al impulso de este plan deben favorecer la transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas integrales para introducir nuevas tecnologías en la atención de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y calidad.
Asimismo, esta dotación financiará proyectos piloto de innovación en servicios sociales e impulsará la modernización de infraestructuras, la digitalización y la mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, con especial atención sobre los niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales. El tercer tipo de inversión es el Plan España País Accesible, para seguir eliminando barreras y construyendo un país más inclusivo para las personas con discapacidad, pero también con ellas. El impulso de actuaciones dentro de este plan tiene el objetivo de seguir eliminando barreras en el acceso a los servicios de la administración pública, en la educación, en el trabajo o en el transporte, con el fin de construir un país más inclusivo en todo nuestro territorio para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
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